Las denuncias por impagos han descendido en Segunda B. El firme deseo del Real Betis B de conservar su plaza en Segunda División B adquiere notoriedad de forma pública después de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) haya trasladado a las oficinas de la Real Federación Española de Fútbol las denuncias presentadas por los jugadores de la categoría que no han sido liquidados por sus respectivos clubes. Hasta la fecha se han tramitado 240 reclamaciones a 27 clubes diferentes por un valor de 2.328.567,45 de euros, una cifra que desciende en número de irregularidades y afectados. De esa forma, las opciones de que el filial de la entidad de La Palmera permanezca en la categoría de bronce se reducen notablemente, aunque el desenlace definitivo se conocerá el 28 de junio, día estipulado para saldar las deudas contraídas. Según el Reglamento General de la RFEF, la cifra a abonar en caso de vacante se resolverá con la suma de la cantidad fijada como deuda por la Comisión Mixta de la AFE y la RFEF -impago a jugadores y cuotas federativas-, más las cantidades adeudadas a técnicos con resolución federativa firme. El montante resultante se dividirá entre el número final de clubes descendidos por impago. Así, y en el hipotético caso de que ningún denunciado resolviera su situación, la compra de la plaza en Segunda B ascendería a un valor de 86.243 euros. El filial heliopolitano fue el colista del grupo IV, por lo que, en caso de vacante, deberían renunciar a la plaza los cuatro descendidos, Villanovense, UCAM Murcia, San Roque y Loja, y aquellos conjuntos del ámbito geográfico del grupo IV que no asciendan en el play-off -ya se han despedido Díter Zafra o Atlético Malagueño, filial del Málaga-. Según ha podido conocer El Correo, a diferencia de otras temporadas el número de conjuntos denunciados ha descendido de forma notable. Lucena, San Fernando o Balompédica Linense están liquidando en tiempo y forma a sus plantillas y los casos más espinosos son los del Atlético Sanluqueño, con dos denuncias en AFE, CP Cacereño, cuya viabilidad dependerá de su máximo accionista, Antonio Martínez Buzo, y el Arroyo, sin deudas pero sin un futuro claro después de que su presidente, Juan Bermejo, anunciara su dimisión. El Cádiz, otro de los denunciados, ya ha alcanzado un acuerdo con la plantilla. Según confirmó la AFE, las reclamaciones por cantidades correspondientes al mes de junio, el más difícil de desembolsar al haber finalizado la competición, se deberán presentar antes del martes 25 de junio de 2013. Otro asunto que no afecta al Betis B es la imposición de un aval por parte de la RFEF en el caso de que los clubes no cumplan con los contratos pactados. Así, el organismo federativo pedirá 200.000 euros de aval a aquellos clubes que hayan recibido denuncias en AFE, un requisito que el club de La Palmera no debería cumplimentar al estar al día en los pagos. Mientras el caso de una hipotética repesca se aparca, el departamento de cantera que coordina Luis Fradua trabaja en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Óscar Cano será el encargado de liderar la operación retorno. En el capítulo de incorporaciones, el único fichaje confirmado hasta la fecha es el de Jaime Isuardi, atacante de 21 años procedente del Racing. El próximo canterano en enrolarse en la plantilla heliopolitana de manera oficial podría ser Sergio Moya, del CD Alcalá. Según fuentes de la fábrica de La Palmera consultadas por este periódico, un caso descartado es el del delantero del Pontevedra Javi Pazos, que, según ha podido conocer este diario, ha sido ofrecido a las oficinas de la Ciudad Deportiva.