Los ministros económicos del Gobierno generaron ayer un auténtico desconcierto a costa del nivel de déficit de España, la reforma laboral y, por último, las responsabilidades penales de los políticos en caso de que excedan el gasto comprometido. Fue la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la que tuvo que enmendar la plana a sus compañeros de Gabinete en ausencia -ya habitual- del presidente, Mariano Rajoy.
El primer desconcierto lo creó Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. Sáenz de Santamaría, resaltó la voluntad y determinación del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y rebajar el déficit al 4,4% ya comprometido con Bruselas.
En la rueda de prensa tras celebrarse el Consejo de Ministros, respondía así al ser preguntada por las palabras de Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de aquel porcentaje. La vicepresidenta recordó que la reducción del déficit del Estado es una medida clave e imprescindible para volver a generar empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", comentó.
En este sentido, indicó que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias de la economía hacen que tenga que trabajar más "y con más reformas". "Lo vamos a hacer". En concreto, el ministro de Hacienda había comentado al periódico Financial Times Deutchland que "no espera ayudas" de la Unión Europea, pero sí "comprensión", y pidió "tiempo" y "espacio para maniobrar" para, así, dejar atrás la crisis lo más rápidamente posible.
En cualquier caso, Montoro no se compromete a que no superará ese 4,4% de déficit en 2012, pero manifestó que esto sería deseable y "bueno cumplirlo". "Y vamos a esperar los pronósticos para el crecimiento de la UE", añadió antes de especificar que ese cálculo del 4,4% se basa en previsiones económicas "anticuadas" del anterior Gobierno.
Segundo desconcierto, el de la reforma laboral. También en una publicación periodística de fuera de España, The Wall Street Journal, el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió un "único" contrato a tiempo completo con cláusulas comunes para todos los nuevos trabajadores y "otro" que anime el empleo a tiempo parcial, a fin de simplificar los casi 40 con los que cuenta el mercado laboral español.
De Guindos, en un artículo de opinión, asegura que España necesita implementar un marco laboral nuevo y adecuado para pequeñas y medianas empresas, que representan actualmente el 80% del total de empleo en España.
No en vano, el ministro apuesta por una reforma del mercado laboral integral y que aborde los defectos del actual modelo de trabajo, entre ellos menciona el sistema de determinación de los salarios que, en su opinión, debe ser revisado para sostenerlo sobre las ganancias de productividad y no resultar inflacionista.
"En España, hemos heredado un sistema de negociación salarial muy centralizado, que establece los incrementos salariales a nivel del sector. Este sistema ha demostrado ser una de las principales razones de la pérdida de competitividad que hemos sufrido durante la última década", subraya.
De Guindos denuncia, además, que el modelo de negociación salarial no tiene en cuenta los crecimientos de productividad ni las circunstancias individuales de las empresas en un entorno "impredecible".
Al margen de los sindicatos españoles, que lamentaron conocer las propuestas del Gobierno por los diarios, Sáenz de Santamaría dijo ayer que la reforma en la que trabaja el Ejecutivo simplificará el número de contratos y tendrá como objetivo fundamental la estabilidad en el empleo, aunque no aclaró si se aprobará el proyecto de Luis de Guindos.
Se limitó a apuntar que el contenido se sabrá cuando su reforma de trate en el Consejo de Ministros, antes de mediados de febrero, pero dio una pista: en contratación a tiempo parcial "ya hay mucho trabajo hecho". Sáenz de Santamaría indicó que, "por desgracia", la realidad es que ya existe un contrato único, el temporal, pues, según denunció, es el único que se firma desde que el Ejecutivo socialista eliminó el límite al encadenamiento de los contratos temporales.
Tercer desconcierto, el tema de las responsabilidades penales en los excesos sobre el déficit fijado que anunciara Montoro. Sáenz de Santamaría matizó que el Ejecutivo fijará "con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" a cumplir por los gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y posteriormente "revisará" el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".
Explicó que en el control de la responsabilidad lo primero es determinar por ley las obligaciones. Y ello se hará a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una Ley de Transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno.
La vicepresidenta puntualizó también que esta reacción penal no tiene que identificarse de manera automática con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", "algunas muy adecuadas" para el tipo de delitos, como inhabilitación para cargo público.
