El juez que instruye el caso de la desaparición y muerte de Marta del Castillo ha decidido, tres meses después de ordenar su ingreso en prisión, poner en libertad a Javier, el hermano mayor de Miguel Carcaño, principal implicado en la muerte de la joven. En el auto, Francisco de Asís Molina argumenta que su participación en los hechos fue limitada y que a estas alturas de la investigación no hay riesgo de fuga ni es posible que pueda interferir en la destrucción de pruebas. La decisión del magistrado ha causado la indignación de la familia de Marta y un sentimiento contradictorio en la opinión pública, que no se explica por qué ha estado en la cárcel durante 90 días alguien que finalmente no participó directamente en el crimen. La decisión choca, además, con el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que rechazó el recurso de la defensa de Javier en el que pedía su liberación por falta de pruebas. Seguramente, el juez tendrá sus motivos para hacer lo que ha hecho, pero es evidente que los ciudadanos no terminan de encajar decisiones de tal calado que deberían ser suficientemente argumentadas. El juez, probablemente, quiere acelerar los trámites para calificar los hechos y fijar el juicio cuanto antes tras haber cerrado la instrucción. Es el magistrado el que tiene todas las pruebas y sólo cabe confiar en su diligencia para llevar adelante el juicio y que los culpables de la muerte de Marta sean condenados. Pero hay casos de tal incidencia social que requieren un argumentario más consistente cuando se toman decisiones que generan alarma. Es posible que el juez no se haya equivocado en el fondo de su decisión y resulta exigible que Javier salga de la cárcel si es que se están vulnerando sus derechos, aunque hay pruebas técnicas que lo implican. Así las cosas, lo que chirría es que, sin que nada haya cambiado, hace tres meses Javier debía estar en prisión y ahora no. O se explica mejor, o es normal que ni la familia, ni la sociedad lo entienda.
