¿Alguien se imagina que el líder de un partido político en Francia acudiese a la Presidencia de la República a explicarle a Nicolás Sarkozy sus planes para reinstaurar la Monarquía como forma del Estado galo? ¿Puede alguien siquiera imaginar cuál sería la respuesta del inquilino de El Elíseo? Pues muy sencilla: tocar el timbre y llamar a los ujieres para que acompañasen al descerebrado visitante hasta la puerta del palacio. El Rey de España no lo hizo, sin embargo, cuando el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, le expuso el lunes sus planes para traer la III República, lo que, además de una impertinencia propia del coordinador de un partido en vías de extinción, no deja de ser en el plano personal una monumental descortesía, como lo fue el hecho de presentarse sin corbata cuando hasta Cándido Méndez la ha lucido al ser recibido por el Jefe del Estado.
Cayo Lara tiene la enorme suerte de que el régimen constitucional de 1978 no se haya dado un disparatado escudo protector como la Ley de Defensa de la República, de octubre de 1931, con la que cualquier ciudadano que propugnase el retorno de la Corona iba de patitas a la cárcel, y merced a la cual fueron clausurados por vía administrativa más de cien periódicos y fue expulsado de España el cardenal Segura. Nada tiene que ver una y otra situaciión histórica, pero es de admirar una vez más el saber estar de Juan Carlos I ante un político cuya representación en el Congreso se limita al solitario diputado Llamazares. El sistema de libertades de nuestra Constitución permite hasta la mala educación de escupir en el plato cuando el anfitrión tiene la deferencia de recibirte. Así le va al en otro tiempo influyente PCE de Santiago Carrillo.
Partidarios como somos de la bendita libertad de expresión, secuestrada en los paraísos comunistas -Cuba sin ir más lejos- que suele poner como modelo el señor Cayo Lara, nos llena de orgullo como periodistas que la información sobre esta audiencia real se haya difundido sin escatimar detalle, en un ejercicio de responsabilidad profesional que no tiene precedentes en las democracias de nuestro entorno. En Italia, por ejemplo, es delito cualquier manifestación a favor del sistema monárquico. En España, sin embargo, el debate monarquía-república ni se abre ni cuaja en la opinión pública por la sencilla razón de que la Corona es la institución más valorada por los ciudadanos en altísimo porcentaje y porque el Rey lleva treinta cuatro años de impecable servicio a la nación sin que se le pueda achacar el menor deslizamiento de los poderes (reina pero no gobierna) que le atribuye la Carta Magna.
La extemporánea sobreactuación de Cayo Lara, cuyo nivel de conocimiento en las encuestas está bajo mínimos, no merece más calificación que la de descortesía. Concederle otro rango en el nivel de los agravios o las ofensas sería tanto como otorgarle al personaje una entidad pública de la que en absoluto carece.
