Por Horacio Raya / Laura Blanco JÓVENES. Esperando el primer empleo La forman jóvenes sobradamente preparados o que dejaron pronto las aulas, ambos en paro. El Estado de Bienestar peligra ante el envejecimiento demográfico y la falta de nuevos cotizantes. Generación perdida, ni-nis o fuga de cerebros son conceptos que con la irrupción de la crisis han centrado discursos políticos y análisis sociológicos y demográficos. Tras ellos se encuentran 777.500 jóvenes andaluces en edad, y disposición, de trabajar (población activa) pero que no han encontrado la oportunidad de acceso al mercado laboral. Algunos no han contado aún con esa primera oportunidad cuando incluso rozan ya la treintena, porque acabaron esos estudios superiores que creían les garantizaría un futuro justo cuando estalló la crisis. A otros les pasó justo lo contrario: abandonaron tempranamente los estudios al albur del boom del ladrillo, atraídos por la perspectiva de ganarse la vida pronto, y bien, en un sector de la construcción necesitado de mano de obra sin importar el currículum académico. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se quedaron en tierra de nadie, sin trabajo y a priori en peores condiciones para competir ante una oferta de empleo por su déficit formativo.
El resultado es esa tasa de paro juvenil que ha escandalizado al mismísimo Papa Francisco, quien recientemente en el vuelo de regreso de su viaje a Israel comentó con los periodistas que seguían la visita su preocupación por el desempleo juvenil y puso como ejemplo el caso de España, con más de la mitad de los jóvenes parados, y en especial, la situación en Andalucía con un 60% de paro juvenil (en realidad, tomando como referencia la población activa entre 16 edad mínima para trabajar en España y 30 años la tasa de paro es del 49% y la de ocupación ronda el 51%).
«Eso significa que hay una generación de ni-ni, que no estudian ni trabajan, y esto es gravísimo, pues se desecha una generación de jóvenes. Esta cultura del desecho es gravísima. En un sistema económico inhumano», lamentó el Sumo Pontífice haciéndose eco de un problema que desde el Rey a los presidentes de los Gobiernos central y autonómico han situado en primera línea en sus discursos y al que las administraciones públicas se esfuerzan por poner coto, de momento sin el éxito esperado, a través de planes de empleo juvenil, ayudas para la vuelta a las aulas de aquellos que las dejaron demasiado pronto e incentivos a la contratación de jóvenes o al emprendimiento. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, respondió al Papa con una carta en la que dijo compartir su «preocupación» al tiempo que puso en valor el «compromiso» de su Gobierno «volcado en la creación de empleo para luchar contra esta lacra» teniendo como «prioridad» la de «generar oportunidades para que los andaluces, especialmente los jóvenes, tengan la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo y no tengan que salir de Andalucía». Y es que la huida del talento local formado con recursos propios pero cuyas potencialidades son explotadas por otros países no siempre empleándolos según sus capacidades y formación es también una preocupación en los tiempos actuales. Pese a polémicas declaraciones como la del ministro de Educación José Ignacio Wert, que defendió que «la fuga de cerebros de jóvenes españoles a países como Alemania nunca puede considerarse un fenómeno negativo y una sociedad global no debe temerlo» y a que los propios servicios públicos de empleo, a través de la red Eures, presentan la búsqueda de empleo en los países de la Unión Europea como alternativa y ofrecen asesoramiento y ayudas para acceder a ofertas y realizar los trámites necesarios.
En el primer trimestre de 2013 (último dato oficial disponible) emigraron al extranjero 23.191 andaluces y de ellos 6.047 (el 26%) tiene entre 15 y 30 años. Se estima que desde el inicio de la crisis, la emigración de jóvenes andaluces por motivos laborales ha aumentado un 30% y en estos años se han marchado fuera a buscar esa oportunidad laboral que su comunidad y su país les niega unos 50.000 jóvenes andaluces.
Andalucía es una comunidad más joven demográficamente que el resto del país, ya que la edad media de la población es de 39,8 años. Y a diferencia de otras, aún sigue teniendo un crecimiento vegetativo positivo. Pero el progresivo envejecimiento de la población también le afecta además del saldo migratorio que empieza a ser también negativo y con él, el problema de la sostenibilidad del Estado de Bienestar Social y el futuro de las pensiones, cuando la ratio entre cotizantes y personas beneficiarias de prestaciones empieza a desequilibrarse. De sus 8,3 millones de habitantes, 2,8 millones tiene menos de 30 años y de éstos, 1,3 millones son los que estarían en edad de trabajar (a partir de 16 años), si bien los que constan como activos una vez eliminados los que estudian, los dependientes y otras circunstancias, son 777.500 de los que casi la mitad están parados.
La crisis ha puesto también sobre la mesa el debate dela brecha entre la formación académica que reciben los jóvenes y las necesidades del mercado en el que deben buscarse la vida. La titulitis de las generaciones más recientes ha provocado una bolsa de jóvenes sobrecualificados en ramas que no ofrecen empleo.La otrora denostada FP gana adeptos y las universidades se revuelven ante los recortes y amagos de reorganizar los grados. Y en medio, una generación que sufre el desencanto sin haber empezado.
MAYORES DE 50 AÑOS. Inactivos demasiado pronto Mientras el Gobierno lucha por retrasar la edad de jubilación, el mercado prescinde de la experienci. Son los primeros en salir en los ERE y se enfrentan a ofertas para menores de 35 años. Cuando en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy planteó la reforma para retrasar progresivamente la edad legal de la jubilación hasta los 67 años, esgrimiendo comparativas con el resto de países europeos y proyecciones demográficas que aseguraban hacen inviable el mantenimiento del sistema de pensiones a medio plazo, hubo un argumento generalizado entre quienes sin rechazar la propuesta planteaban la contradicción de ésta en un mercado laboral como el español lleno de prejubilados tempranamente y procesos de reestructuración de empresas en crisis que de los primeros empleados que prescinden es de aquellos de mayor edad, léase que a partir de los 45 años se entra en zona peligrosa.
Las cifras demográficas son claras: la esperanza de vida no para de crecer y hoy se sitúa en Andalucía en los 80,9 años (aunque entre las mujeres sube hasta 83,6). Pero las estadísticas laborales también son tozudas: el paro juvenil en Andalucía supera el 60%, la etapa educativa se alarga cada vez más ante la falta de perspectivas laborales y el primer empleo no llega, con suerte, hasta la treintena. La reforma de las pensiones también aumentó el número de años cotizados necesarios para jubilarse con garantías hasta 35. Y las cuentas no salen. Si no empiezas a trabajar antes de los 30 y te despiden o prejubilan bastante antes de los 65 ¿cómo cumplir los requisitos para disfrutar del retiro dorado que cualquier trabajador merece tras años de dedicación a su profesión? Es la cuadratura del círculo que, de momento, no se ha logrado resolver, aunque en 2013 también se reformó el sistema de pensiones para desincentivar la prejubilación y ofrecer fórmulas mixtas que según el Ministerio de Empleo han reducido las jubilaciones anticipadas y parciales un 6,5% y aumentado la edad real de jubilación media hasta superar por primera vez en años los 64.
Pero si la crisis ha hecho estragos en todos los segmentos de la población activa, los mayores de 50 años son uno de los colectivos más perjudicados. Curiosamente, las estadísticas oficiales de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o despidos colectivos ofrecen datos desagregados por sexo, tamaño de la empresa, sector de actividad o tipo de jornada pero no por edad. Sin embargo, un mero repaso a los últimos conflictos laborales especialmente sonados con ERE de por medio indica que la edad media de las plantillas afectadas se sitúa entre los 45 y los 55 años. El drama social que el director Fernando León de Aranoa retrató en la película Los lunes al sol allá por 2002, cuando la economía española era boyante o eso al menos nos decían y la crisis ni se olía, tuvo su plasmación más allá de las pantallas incluso en empresas del mismo sector como el retratado en la cinta. Los Astilleros de Sevilla, sin ir más lejos, fueron privatizados en 2004 y comenzó un declive progresivo ante la falta de carga de trabajo que acabó con el cierre definitivo en 2012. Antes había desaparecido otra factoría emblemática de Sevilla como Altadis, que poco después cerraría también su planta de Cádiz, cuyo polo industrial en la Bahía perdió por los mismos años otra gran industria como Delphi por la deslocalización de la producción que llevó a cabo la multinacional (los Astilleros gaditanos también pasaron momentos de incertidumbre hasta su reconversión centrada en la fabricación de barcos militares). Y la lista continuó en los últimos años Puleva, Roca, Panrico, Flex, Cargill, Santana Motor, Valeo... con un denominador común: en la mayoría de los casos se trataba de grandes industrias con plantillas estables y convenios colectivos que garantizaban unas condiciones laborales dignas a cabezas de familia que en muchos casos peinaban canas cuando les llegó el despido o la prejubilación aunque aún les quedaban por delante años de vida laboral y facturas por pagar.
En Andalucía, de los 2,8 millones de ciudadanos mayores de 50 años, 1,8 millones tiene menos de 65. Una franja de edad, de los 50 a los 65 años, donde la tasa de paro es del 30,17% ya que de 899.000 activos, hay 627.600 ocupados y 271.300 parados (personas sin empleo pero no jubilados ni prejubilados). El número total de inactivos por jubilación asciende a 910.000 personas, si bien las cifras autonómicas no están desagregadas por grupos de edad. Sí lo están a nivel nacional, lo que permite saber que si en España hay 5,8 millones de inactivos por jubilación o prejubilación, 722.000 tiene entre 50 y 65 años, lo que supone un 12,3% (el 87% restante corresponde a los realmente jubilados con la edad legal prevista para el retiro).
Detrás de esas cifras hay un sinfín de trabajadores no solo de las grandes industrias desmanteladas sino de pymes de la construcción y servicios que igualmente o han cerrado o han puesto en marcha medidas de ajuste con bajas y prejubilaciones más o menos voluntarias o expedientes de regulación de empleo. El autoempleo se ha convertido en la vía abierta por muchos de ellos y especialmente las mujeres, que apuestan por abrir un negocio con la indemnización cobrada o mediante la capitalización de la prestación por desempleo que permite cobrar el subsidio del paro correspondiente de una vez. De los 474.441 autónomos andaluces, 157.491 tiene más de 50 años, lo que supone el 33,1%. Una forma más de intentar buscarse la vida cuando el mercado prescinde de ellos demasiado pronto.
EL RESTO DE REPORTAJES SOBRE EL DESEMPLEO, EN LA VERSIÓN IMPRESA
