El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Almería ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la licencia de obras para la construcción en los acantilados de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), de una promoción de 440 viviendas.
Así lo ha informado en una nota el Ayuntamiento de la localidad que, en pleno celebrado el 10 de abril de 2006, otorgó a la entidad mercantil Almeragua S.L. licencia de obras para la construcción de 440 viviendas unifamiliares y plurifamiliares en la avenida Carlos III y en la calle Candanchú de Aguadulce.
Tras el examen del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes, el juez decidió desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía contra el citado acuerdo plenario, al no detectar indicios de que la licencia de obras contraviniera el plan parcial, según ha afirmado el ayuntamiento.
El juez concluye además que la decisión de la empresa de ejecutar menos obra de la permitida "nunca puede constituir infracción alguna".
En este sentido, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Luis Caparrós, ha indicado a Efe que el PGOU fijó la tipología de vivienda a construir en un 60 por ciento la unifamiliar y en un 40 la plurifamiliar, porcentaje que se invirtió en el proyecto de obra de los acantilados.
También defiende la sentencia, según el consistorio de Roquetas de Mar, la legitimidad de variar los usos previstos en el Plan Parcial de Desarrollo a través de ordenanzas específicas.
Tras darse a conocer el fallo, el delegado de Obras Públicas ha trasladado su "escrupuloso respeto" a la Justicia, y ha indicado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian en estos momentos la decisión del juez por si ésta es objeto de recurso.
Caparrós ha recordado que, tras el pleno celebrado en abril de 2006, la Administración andaluza decidió recurrir la licencia de obras en la zona de los acantilados por las variaciones en la tipología de vivienda construida respecto a lo estipulado, por posibles violaciones de la promoción de viviendas a la Ley de Costas y, finalmente, por la aprobación del plan parcial sin el perceptivo informe de la Junta de Andalucía.
