Zoido, Montesirín y Torrijos en una imagen de archivo.
Los informes del interventor general y de auditorías sobre las cuentas y la gestión de la Fundación DeSevilla que han servido de base al equipo de Juan Ignacio Zoido para llevar a los tribunales al anterior equipo de gobierno -el bipartito de PSOE e IU- son muy contundentes al destacar el descontrol económico que allí reinaba. Y tanto que las cuentas anuales se aprobaban por parte de su patronato pese al rechazo de las auditoras -son las empresas independientes encargadas de determinar si balances y resultados se ajustan a las normas de contabilidad-.No es que éstas emitieran salvedades, es decir, apuntes que no implican rechazo general a las cuentas, sino que la firma Deloitte denegaba su opinión, es decir, aconsejaba devolver los balances a los toriles y se negaba, pues, a firmarlos por las debilidades del sistema de control interno y por carecer de información contrastada de saldos y operaciones.
Los citados informes, que sostienen la denuncia del PP municipal contra el equipo de gobierno que capitaneaban Alfredo Sánchez Monteseirín y Antonio Rodrigo Torrijos, hablan de irregularidades de gestión en la Fundación DeSevilla -su origen fue contribuir al desarrollo de los barrios más pobres de la capital, pero evolucionó a canal de subvenciones destinadas a países de la órbita comunista, en especial, Cuba- que finalmente derivaron en causas jurídicas de disolución, al encontrarse un patrimonio neto negativo por un valor superior al millón y medio de euros. Sólo una inyección por parte del Ayuntamiento de Sevilla, patrón de esta fundación, podría haberla salvado. Pero eran casi dos millones y medio a aportar en plena crisis y con un nuevo partido en la Plaza Nueva, el PP, que había arremetido contra la misma al considerar que era una casa de contratación a dedo.
En concreto, las cuentas de cuatro ejercicios consecutivos, de 2007 a 2010, fueron aprobadas por el patronato "pese a las opiniones negativas" expresadas en las auditorías. Para que sirva de ejemplo: sólo las empresas más aguerridas se atreven a sacar adelante sus balances si hay no ya advertencias de sus auditores, sino una clara y rotunda negativa.
La ausencia de control afloraba en la "imposibilidad de constatar si existe registro detallado del inmovilizado [qué hay, qué sale, qué entra]", la ausencia de control interno para autorización de gastos, inversiones y créditos, las contrataciones a dedo, el alto porcentaje de incidencias en la justificación de los gastos y una caja, por así decirlo, excesivamente abierta y proclive, pues, a meter la mano. Si los informes son correctos, DeSevilla habría sido un despiporre.
Por el lado de las subvenciones, la Intervención General estima que se originaron gastos "que no pueden ser objeto" de las mismas -es decir, un coladero por donde se iba parte de las ayudas-. Se apunta al deber de reintegro de dinero otorgado por el Consistorio por casi un millón de euros, ya fuera porque faltaba justificación, ya fuera por renuncia a las mismas.
Hasta aquí, los informes con los que el Ayuntamiento de Zoido ha acudido a los tribunales para denunciar las "graves irregularidades" en la gestión de DeSevilla entre los años 2007 y 2011. Al no tratarse de una querella, no hay nombres concretos, pero sí una larga lista de gestores, cargos y patronos que habrán de ser llamados en su caso por un juez para determinar si hay delitos societarios, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que son los que ve el Consistorio.
