La Fiscalía de Sevilla solicita cinco años y tres meses de prisión para un trabajador de los Servicios de Intendencia del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en concreto del Negociado de Vestuario y Alojamiento. Se apropió de manera "indebida" de 58.516,62 euros procedentes de las ventas realizadas en el negociado.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, si bien a lo largo del tiempo en que ocurrieron los presuntos hechos la Jefatura de ese servicio fue desempeñada por diferentes suboficiales, la persona que "de forma material y prácticamente en exclusividad" lo llevaba era el imputado, quien ingresó como personal civil en el Ministerio de Defensa el 1 de noviembre de 1959.
En este sentido, indica que el encartado se dedicaba a la realización de ventas de prendas y material de vestuario; cobro de las cantidades que por éstas eran abonadas en metálico; custodia en una caja fuerte auxiliar del importe de esas ventas; anotación contable en el sistema informático instalado en esa sección de las operaciones realizadas, e ingreso de aquellas cantidades en las dos cuentas bancarias del acuartelamiento.
Sin embargo, el fiscal precisa que, entre 1998 y abril de 2005, "con la intención de beneficiarse de forma ilícita", se apoderó presuntamente de un total de 58.516,62 euros producto de las ventas realizadas en la Sección de Vestuario. Añade que las ventas de prendas y demás material podía hacerse en metálico, en cartilla -se anotaba en la cartilla que el personal militar tenía asignada de forma individual- o ser anotada sin cargo -adquisición de material para el propio acuartelamiento-.
El Ministerio Público señala que el acusado, "aprovechando" que el sistema contable permitía la modificación, una vez hecha la venta, del artículo comprado por otro, y la sustitución de la forma en que se había adquirido, se apoderó de 58.516,62 euros. Así, usaba distintos procedimientos para ello, como por ejemplo "quedarse directamente con el dinero recibido sin hacer contar esa venta en la contabilidad, o sustituir la prenda realmente vendida por otra de menor importe, quedándose con la diferencia".
Por todo ello, la Fiscalía pide para el imputado cinco años y tres meses de prisión y el pago de una indemnización al Estado de 58.516,62 euros por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil como medio para cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos.
