madrid l Mañana entra en vigor la normativa que excluye del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes sin papeles al dejarles sin tarjeta sanitaria. La respuesta de algunas comunidades autónomas, que son las que prestan estos servicios, será la desobediencia, y entre ellas hay también algunos ejecutivos regionales gobernados por el PP, promotor de la iniciativa.
Además de los 1.731 profesionales sanitarios de toda España, la mayoría médicos de Atención Primaria que han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender a este colectivo como lo venían haciendo, comunidades como Galicia y Comunidad Valenciana se suman a la rebelión.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la puesta en marcha de un programa de protección social de salud pública, en virtud del cual se amplían los derechos sanitarios de los inmigrantes sin papeles. Así, aquellos que estén censados en cualquier municipio y acrediten su carencia de recursos, tendrán derecho a asistencia en todos los centros de salud y hospitales del Servicio Gallego de Salud.
Se trata, dijo, de garantizar la asistencia sanitaria a aquellas personas que “no la puedan recibir por otros medios”. Así, a su entender, se “blinda la salud pública de las personas sin recursos vecinas de Galicia, los inmigrantes sin papeles que viven y residen en Galicia”. Todos los que estén inscritos en el padrón municipal y que no dispongan de ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) “ni en España ni en su país de origen” no tendrán “limitación de contenido sanitario”, de forma que podrán recibir atención primaria y especializada. Salvo que, como ha advertido Feijóo, sean originarios de un país que tenga tratados de reciprocidad con España en materia sanitaria.
De este modo, en Galicia se amplía la normativa estatal que entrará en vigor mañana, por la que se excluye de determinados servicios sanitarios a los inmigrantes irregulares y solo les permite, con carácter general, acudir a urgencias. Además, las embarazadas, los menores y los que padezcan enfermedades infecciosas y mentales también podrán hacer uso de la sanidad española.
El consejero valenciano de Sanidad, Luis Rosado, afirmó que la nueva norma “no cambia nada en la asistencia sanitaria”, sino que la novedad es que la Administración “verificará” el modelo de aseguramiento de cada paciente y se emitirá la correspondiente factura en el que caso de que no tengan derecho a una asistencia gratuita. “Pero el que no pueda pagar la factura no pasa nada”, garantizó.
Entre las comunidades díscolas, que mantendrán los servicios como hasta ahora, se encuentran también Andalucía, el País Vasco, Canarias y Cataluña. La Generalitat garantizará así la atención sanitaria a las 600.000 personas –8% de la población catalana– que según el nuevo Real Decreto estatal deberían quedar excluidas al sistema sanitario no urgente. De estas 600.000 personas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social. Este grupo seguirá manteniendo la misma asistencia si lleva más de un año en Cataluña, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social una estancia en el país de más de tres meses.
