El informe que la Junta remitió al Ministerio y ahora ha entregado a los partidos calcula la deuda atendiendo a vivienda, sanidad y educación. Su método retoma el de 1996. Andalucía recibió en los 80 unas competencias con una dotación presupuestaria inferior a la necesaria para ejercerlas "a un nivel mínimo". La Disposición Adicional Segunda del anterior Estatuto iba destinada a paliar ese déficit.
La Junta asumió en 1984 la sanidad por su coste efectivo, es decir, lo que se gastaba el Gobierno en esta prestación. Pero el Insalud dedicaba a Andalucía menos recursos de lo que le correspondía por su población. Igual con la Educación, con una ratio de escolarización muy inferior a la media, o las VPO.
Desde 1996 existía acuerdo para tener en cuenta las competencias en vivienda y sanidad. El vicepresidente José Antonio Griñán, en 2005, apuntó la posibilidad de incluir educación, que finalmente se ha estimado, y carreteras que como otras infraestructuras y servicios sociales, que IU defiende se deberían incluir, se descartaron "por el escasísimo desarrollo que tenían entonces en España". El trabajo ha consistido en comparar los decretos de transferencias a Andalucía y otras comunidades para tasar la media exigible.
VPO . La deuda parte de comparar las familias residentes y las viviendas existentes entonces y las que tenían carencias estructurales, especialmente las de familias con rentas más bajas. Contrastando estos datos con los nacionales, se traduciría en dinero las VPO que hubiera sido necesario construir y las reparaciones para alcanzar el "nivel medio".
Camas de hospital . A partir de la demanda andaluza a plena ocupación, en comparación con el índice de ocupación real nacional, se calcula las necesarias para situarse a un "nivel aceptable" y se multiplica por el "coste medio actualizado" de cada una.
Aulas . Se comparan la ratios andaluza y nacional de alumnos y unidades y el déficit para alcanzar "el nivel considerado adecuado", multiplicado por el "coste presente" de la unidad escolar en Andalucía.
