Isabel Ortiz reclama al Ayuntamiento que se declare nulo su despido del pasado 20 diciembre y "se reconozca que en 13 años he tenido 9 contratos", lo que, afirma, "motivaría que pasase a ser indefinida". El Consistorio se escuda en que su último contrato en una empresa municipal ha expirado al haberse disuelto.
Isabel Ortiz presentó la pasada semana en el registro municipal la reclamación previa a la vía jurisdiccional en la que señala que la razón "del despido son tres causas que repugnan", a saber: "Mi reciente maternidad, mi decisión de declarar en un juicio laboral contra el Ayuntamiento y a favor de un compañero, y mi ideología política", al haber sido durante dos años, de 2003 a 2005, concejal de Izquierda Unida -ahora gobierna el PSOE-, tiempo en el que dejó su trabajo como administrativa en el Consistorio y al que se reincorporó en 2005.
La trabajadora ha tenido en los últimos años una serie continuada de contratos por obra y servicio en la escuela taller realizando un trabajo como auxiliar administrativo. A esto se acoge el Ayuntamiento para justificar su despido, al señalar que este organismo fue "disuelto mediante acuerdo plenario el pasado 27 de diciembre de 2007", cinco días después de que Ortiz recibiera el burofax notificándole el "despido por causas objetivas" por la "finalización de la obra o servicio para la que fue contratada".
Sin embargo, Ortiz afirma que "desde 2000, cuando se creó el Centro Municipal de Formación Integral, se explicó que éste asumiría al personal de la Escuela Taller, por lo que si se disuelve la escuela, da igual porque estaría adscrita a ese centro, que sigue funcionando". Además, expone que "mi puesto es estructural, como auxiliar administrativo, y no está sujeto a un programa".
El Consistorio se halla dentro del plazo de un mes legal "para estimar o desestimar" las pretensiones de la trabajadora. Sin embargo, Ortiz opone que "hasta ahora no he tenido convocatoria por parte del Ayuntamiento". Lo que la lleva a pensar que será difícil llegar a un acuerdo sin pasar por los tribunales, entre otras razones porque, en su denuncia, solicita una indemnización de 30.000 euros por los "daños morales" que le ha causado el despido, invocando para su defensa que se ha producido "una vulneración de mis derechos fundamentales y, además, de una forma cruel".
Ortiz reclama el regreso a su puesto en las mismas condiciones en que lo dejó. "No quiero trabajar en otro lugar", afirma, ya que sus circunstancias personales con una niña pequeña pueden ser incompatibles con que la envíen a otro departamento, lo que teme.