El rechazo frontal de los funcionarios andaluces a la reforma del sector público que ha planteado la Junta apenas ha decrecido. Ayer lo demostraron con manifestaciones y protestas simultáneas en todas las capitales de provincia andaluzas, excepto Sevilla. Una multitud de empleados de la administración, temerosos de que el decreto de ordenación del sector público abra la puerta a "los enchufados de la Junta", acudieron a la llamada de los sindicatos y plataformas contrarias a la reforma. La última macroprotesta en Sevilla reunió a 10.000 personas, según la Policía, 50.000 según los sindicatos.
Fuentes sindicales manifestaron su "satisfacción" por la "multitudinaria convocatoria" porque "todo ha discurrido bien y las cifras no han bajado respecto a las convocatorias anteriores", explicaron a Europa Press. "La gente sigue rechazando de forma masiva la reordenación al no descender ni un ápice el grado de afluencia", aseguran desde CSIF.
Sevilla quedó al margen de las movilizaciones de ayer para "reservar el protagonismo al resto de provincias andaluzas y no concentrar el núcleo de la movilización sólo en la capital".
En Málaga la manifestación partió del edificio de servicios múltiples de la avenida de la Aurora hasta la Alameda Principal, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta; y en Córdoba, discurrió entre la Delegación del Gobierno y hasta Gran Capitán, hasta llegar al centro comercial de El Corte Inglés. En Cádiz, la manifestación empezó en la plaza de San Antonio y continuó hasta la plaza de San Juan de Dios; en Jaén, partió de la plaza de San Francisco y acabó en la plaza de las Batallas; en Granada, la marcha discurrió entre la plaza Isabel la Católica hasta la Delegación del Gobierno; y en Huelva, entre la plaza del Punto hasta la Avenida de Andalucía.
Las plataformas contrarias al decreto ley han animado a los funcionarios a protagonizar "actos individuales" de boicot contra eventos políticos a lo largo de este fin de semana, en referencia al cónclave socialista que está teniendo lugar en Sevilla. Serán "acciones simbólicas" que expresan el malestar del colectivo con la política de la Junta.
En todas estas acciones se pedirá la derogación de los decretos sobre reordenación del sector público, de sus medidas complementarias y en contra de la tramitación del proyecto de ley que el próximo 16 de febrero se debatirá en el pleno del Parlamento, "día en el que se perpetra el delito", según los sindicatos.
Plataformas y fuerzas sindicales de empleados públicos se concentrarán ese mismo día ante las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el día del debate en el pleno de la Cámara. Los funcionarios pretenden escenificar el "entierro" de la función pública, con velas y personas vestidas de negro. De forma simultánea se celebrarán concentraciones en todas las capitales de provincia en contra de este decreto ley. Estas movilizaciones, que se prevén "masivas", están siendo convocadas por los sindicatos CSIF-A, CGT-A, SAT, Ustea, USO, asociación sindical Piensa-Volens, Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación El Tercer Lado y Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía y en ellas se hace "una defensa del empleado público y se pide la derogación del decreto ley de reordenación".