La juez que investiga el caso Mercasevilla ha retomado el trabajo ya realizado por la Fiscalía. Comparten la línea argumental: hay indicios de delito y de que éste no sea una acción aislada. Las diligencias apuntan tanto a la Junta de Andalucía como a contratos realizados previamente por la empresa, como los que firmó con Sando.
"Del atestado se desprende presuntamente la implicación directa de los señores Ponce y Mellet en la solicitud de una comisión a cambio de la participación en la gestión de la subvención otorgada para la gestión de la escuela de hostelería. En la actualidad se halla en investigación el destino y el destinatario final del dinero exigido". Hasta aquí llegó la fiscal jefe, María José Segarra, en su investigación del caso Mercasevilla, interrumpida por la denuncia del PP. Llegó a señalar como imputados a los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y a la trabajadora Regla Pereira. Pero no alcanzó formalmente al delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, a quien sí llamó a declarar la Policía Judicial y cuya gestión empezó a rastrear al solicitar toda la información sobre subvenciones a la Fundación Mercasevilla realizadas por la consejería.
En este punto ha retomado la investigación el Juzgado número 6. Ha reclamado la misma información que pidió la Fiscalía, pero ha dado dos simbólicos pasos. Por un lado, ha incorporado oficialmente a Antonio Rivas entre las cuatro personas contra las que se inician las diligencias. No quiere decir que le haya imputado, pero sí que existe esta posibilidad. Por otro, ha incorporado a la investigación otros contratos realizados por la dirección de la empresa en los últimos años. Como el que se firmó con Sando en octubre de 2005, que se quedó con la concesión de las naves de la Unidad Alimentaria, tras la renuncia de la empresa Larena 98. Posteriormente Sando obtuvo el derecho de compra sobre los terrenos de Mercasevilla. La operación estaba tasada en 107 millones de euros, y debía resolverse en torno a 2010 cuando estaba previsto el traslado a Majarabique que quedó aplazado antes de que estallase este escándalo. Éste está siendo estudiado también por la auditoría encargada por la empresa pública, al igual que toda la gestión realizada durante este tiempo. Desde la constructora malagueña rechazaron hacer cualquier valoración sobre estos hechos.
Los autos firmados por la Fiscalía y por la juez apuntan a que no se trata de un hecho aislado. A que hay algo detrás de la conversación que mantuvieron los empresarios del Grupo La Raza con Fernando Mellet y Daniel Ponce. En ella, éstos le solicitaron supuestamente el pago de 450.000 euros como condición para acceder a una ayuda de 900.000 euros que les permitiera ejecutar el proyecto de una escuela de hostelería. Desde la defensa, que ya se ha personado en el caso, inciden en que todo lo que se dijo en aquella reunión fue legal, aunque se emplease un lenguaje inadecuado con referencias incluso a un maletín con 300.000 euros que debía dejarse abandonado.
Los empresarios no sólo no aceptaron esta propuesta sino que acudieron a la reunión con una grabadora. Aunque según fuentes del Grupo La Raza no grabaron otra conversación, sí mantuvieron días después una conversación telefónica con Mellet en la que éste se retractaba de todo lo relatado, pedía disculpas e instaba a olvidarlo todo. El contenido de esta conversación, que se produjo antes de que se iniciasen los trámites para destituir a Mellet, está en manos de la Policía Judicial y ha sido confirmado a este periódico por varias fuentes del caso. Pocas horas después, la Junta pone el caso en manos de la Fiscalía y el alcalde envía una orden para que tanto Mellet como Ponce sean cesados.
Esta resolución, remitida a través de un fax, nunca es ejecutada. El día 16 de febrero, Fernando Mellet dimite en el consejo de administración y alude a motivos personales. Y, en el caso de Ponce, aún sigue en la empresa. Está afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le obligará a dejar su puesto antes de fin de año. Hasta entonces trabaja en la empresa pública en una de las naves de pescado. Aunque se enfrenta a un expediente interno, de momento no será destituido mientras no haya una resolución de la Justicia.
Son precisamente Mellet y Ponce quienes han implicado a Antonio Rivas y a la Junta. Tanto la fiscal como la juez han hallado indicios suficientes para rastrear todas las ayudas y subvenciones de la Consejería de Empleo. El fin lo señalaba ya la fiscal en su auto: buscar el "destino y destinatario final del dinero".
