El centro cívico ya está terminado. Tan sólo falta equiparlo.
¿Hay o no hay base legal para la reclamación? Según la Gerencia de Urbanismo no la hay, según Detea, sí. La empresa que construyó junto a Aldesa la nueva sede de la Delegación municipal de Seguridad y Movilidad , levantada sobre la antigua cárcel de La Ranilla, reclamará "por vía judicial" los 2.678.688 euros agregados al coste total del proyecto en una certificación final de obras denegada por la Administración local. De hecho, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, defiende que no hay "fundamento legal" para pedir más dinero por esa obra.El conflicto que enfrenta al Ayuntamiento y a Detea (en concurso de acreedores desde hace unos meses) viene de largo, y no sólo se ciñe a esta obra, ya que la empresa también pidió una indemnización por recibir del Consistorio las naves de la antigua sede de la Policía Local en la Cartuja en muy malas condiciones. De hecho, recibió este año estos edificios -comprados en 2008- prácticamente en ruinas, sin techos, ni cableado, con ventanas y puertas rotas... Entonces anunció que también estudiaba el inicio de acciones legales por los daños en esos inmuebles, por los que pagó 25 millones y tuvo que esperar dos años más de lo acordado. Precisamente, la construcción de la sede municipal en la Ranilla estaba ligada a esta venta.
En julio de 2008, el Gobierno local adjudicó a Detea y Aldesa la obra por 17.451.996 euros y en diciembre de 2010 se aprobó una "modificación de contrato" que se traducía en un nuevo "gasto" de 1.886.392 euros. El Pleno local también reconoció "la obligación de abonar al contratista obras ejecutadas por 1.420.266 euros", pues "aunque estaban inicialmente consideradas y valoradas en el modificado, fue necesario ejecutarlas antes de su aprobación". El coste de la obra era ya de 20.758.655 euros, según el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, en un informe de 29 de octubre. En él da cuenta de que el 13 de octubre de 2011, las obras fueron plenamente recepcionadas.
Después, Detea elevó una "relación valorada y la certificación final" de las obras con un incremento del 12,92%. Reclamó 2.678.688 euros más. Entonces, el Ayuntamiento "denegó" esta subida, pues un informe del servicio de Contratación dice que "ese mayor coste (...) se debe a errores del proyecto elaborado por el contratista, máxime cuando tal desviación se produce sólo diez meses después de haber sido aprobado un proyecto modificado".
Sin embargo, Detea niega que esta cantidad responda a errores imputables a la empresa. "La cantidad adeudada se debe, en su mayor parte, a modificaciones no sólo autorizadas, sino además instadas por el propio Ayuntamiento y certificadas por sus técnicos". Fueron, apuntan, cambios "de envergadura", como que de siete plantas se pasó a cuatro, con un aumento importante de la superficie a construir, y se realizaron "múltiples ajustes para dar cabida a nuevas delegaciones: Convivencia y Seguridad y la de Movilidad". Cambios "propuestos, ordenados, supervisados y aprobados por el Ayuntamiento".
Vílchez, en contra, achacó el conflicto a la "incapacidad, ineficacia e incompetencia" del anterior Gobierno de PSOE e IU y defendió que no hay razones para pagar. "Actuamos según la ley y aplicando la normativa", apostilló.
