En este lamentable estado fueron entregadas las dependencias de la Policía Municipal en la Cartuja a Detea.
La construcción de la nueva sede de la Delegación de Seguridad y Movilidad en la Ranilla y la compra de las antiguas dependencias de la Policía Local en la Cartuja no fue un buen negocio. La empresa a la que el anterior Gobierno municipal (PSOE-IU) adjudicó el proyecto, Detea, ha presentado ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo cuatro demandas contra el Ayuntamiento, gobernado ahora por Juan Ignacio Zoido (PP), reclamando más de 22 millones de euros por los conflictos de estas obras, por los retrasos y por el «expolio» de dos de los edificios de la Policía Local, entregados en muy mal estado. Sin embargo, el Gobierno local alega que Detea recibió «de conformidad» los edificios y niega que existan deudas.
Detea reclama cuatro millones por, fundamentalmente, costes añadidos por las modificaciones de proyecto, autorizadas e instadas por el propio Consistorio sin que en ningún momento se plantease objeción alguna sobre las obras realizadas y sus costes, según la empresa. Además, el importe reclamado se completa con las paralizaciones de varios meses en las obras por la falta de definición del proyecto, las cuales conllevaron «constantes incrementos en los costes añadidos que fueron soportados por Detea y que el Ayuntamiento no abonó a pesar de que la normativa de contratos es clara sobre la responsabilidad de la administración por los gastos que se deriven de la suspensión», indica Detea, que acusa al Consistorio de hacer «maniobras dilatorias» para no aportar al juzgado el expediente administrativo completo.
Fuentes municipales aseguraron ayer que respetan la decisión de la empresa andaluza de ingeniería y construcción, pero argumentaron que estas reclamaciones ya fueron desestimadas en su momento al considerar que se había cumplido lo pactado «entregando los bienes inmuebles cuando se concluyeron las obras de La Ranilla, entrega que se realizó de conformidad con la propietaria y abonando todas las indemnizaciones pactadas, por lo que no existe incumplimiento contractual» en relación a la venta de los edificios de la Cartuja antiguamente ocupados por la Policía Local y enajenados en favor de Detea (que pagó 23,7 millones), dos de los cuales fueron objeto de numerosos destrozos y desperfectos antes de ser entregados.
Además, el Ayuntamiento niega rotundamente que haya existido ninguna maniobra dilatoria, sino tan sólo un «pequeño» retraso en la remisión de las ampliaciones de los expedientes absolutamente justificado por el volumen de la documentación remitida, de casi 7.000 páginas en cada uno de las dos primeras reclamaciones y más de 2.000 en la tercera.
Detea alega el retraso en la entrega de los inmuebles de la Cartuja (por lo que reclama 18 millones de euros) y afirma que habiéndose fijado la entrega en el plazo de dos años, esto es el 11 de enero de 2010, la entrega se realizó a los cuatro años, cuatro meses y catorce días de la escritura de compraventa, al haberse verificado el 25 de mayo de 2012. Dado el caso, el Ayuntamiento alega que la empresa «tergiversa interesadamente los hechos, por cuanto en la cláusula primera de la escritura se establece un plazo completamente diferente, en concreto, una vez finalicen las obras correspondientes al edificio a construir por el Ayuntamiento para la Delegación de Gobernación».
Así, el Ayuntamiento descarta cualquier incumplimiento de los términos de la operación de compraventa de los inmuebles de la Cartuja, alegando que merced a la escritura de compraventa correspondía «la entrega del inmueble una vez concluidas las obras e indemnización al adquirente por los meses transcurridos desde el 11 de enero de 2010 hasta su entrega efectiva el día 25 de mayo de 2012», toda vez que a la fecha de presentación de la reclamación, el Ayuntamiento había abonado «todas las cantidades adeudadas en concepto de penalización». «No cabe indemnización alguna, puesto que aunque es cierto que ha existido un retraso en la entrega, conforme a lo pactado entre las partes, éste ya ha sido debidamente indemnizado», aseguran.
En cuanto al estado de los edificios, recuerda el Ayuntamiento que el 25 de mayo de 2012 se suscribió el acta de toma de posesión y que el 15 de junio de 2012 se entregaron las llaves, si bien hasta el 19 de junio de 2012 «no se pudo percatar la compradora del defectuoso estado del inmueble entregado». «Ni se ha acreditado ni se ha aportado indicio alguno de que el edificio C-1 no estuviera en perfectas condiciones cuando fue entregado el pasado 25 de mayo de 2012», asevera el Gobierno de Zoido.
Para Detea, uno de los edificios estaba en estado de «ruina» y otro, «en un estado de gran deterioro, con graves desperfectos».
