Agentes de la Policía Nacional han detenido a un supuesto empresario que realizaba falsos contratos de trabajo a terceras personas para que pudieran acceder a los correspondientes subsidios por desempleo. En Andalucía han sido arrestadas un total de 13 personas, siete en Vera (Almería), tres en Beas de Segura (Jaén) y otras tantas en Linares, también Jaén.
El arrestado percibía 300 euros por expedir esos documentos laborales, además de las cuotas mensuales a la Seguridad Social que cada falso trabajador le abonaba y que él nunca ingresaba en la Tesorería General.
Según ha informado el Ministerio del Interior , paralelamente, el empresario contrataba a ciudadanos extranjeros, previo pago de cantidades que oscilaban entre los 250 y 300 euros, para regularizar su situación administrativa en nuestro país. En total se ha constatado que, hasta el momento, el fraude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, asciende a 440.000 euros.
Junto a él se ha arrestado a otras 64 personas, falsos trabajadores de su empresa, que simulaban una relación laboral para generar los requisitos legales que les condujeran a las ayudas por desempleo. Los supuestos trabajadores habían pagado unos 300 euros por ese fraude.
Hay 22 personas detenidas en Albacete; 11 en Hellín (Albacete); siete en Vera (Almería); otros tres en Calasparra (Murcia); una en Cieza (Murcia); dos en la localidad de Alcantarilla (Murcia); una en Totana (Murcia); tres en Beas de Segura (Jaén); tres en Linares (Jaén); seis en Novelda (Alicante), y cinco en Elche (Alicante). A todos ellos se les imputan delitos de defraudación tributaria y falsedad.
81 TRABAJADORES Y SIN ACTIVIDAD
La investigación de los agentes destapó que en los últimos cinco años la citada empresa había contratado a 81 personas, algunas de ellas residían a más de 300 kilómetros.
Del supuesto centro de trabajo. La mayoría de estos contratos laborales habían generado a sus titulares el derecho a percibir las prestaciones de subsidio por desempleo. Paralelamente, los investigadores comprobaron que la empresa no había tramitado en ese tiempo ninguna licencia de obra mayor o menor, u otra prestación de servicios.
Los falsos trabajadores eran contratados para diversos servicios, las mujeres principalmente como personal de limpieza de oficinas, hoteles o camareras de pisos, y los hombres en oficios como peones de la construcción de edificios o trabajadores en hormigón armado, encofradores, ferrallistas y asimilados.
Finalmente, otra prueba de la falsedad empresarial construida por el principal arrestado lo constituía la sede de la supuesta empresa que carecía de herramienta o útiles indispensables para la actividad de la misma.
El objeto social de la sociedad era la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, compraventa o el arrendamiento de bienes inmuebles, figurando entre sus órganos de administración; una actividad para la que se requiere una abundante y específica maquinaria y herramientas que no existía en el registrado como centro de trabajo: el domicilio del único administrador y principal arrestado, situado en el barrio de Las Seiscientas viviendas de Albacete.
