Ángel Ojeda (derecha) junto al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en una imagen de archivo. Foto: El Correo
La Policía Nacional detuvo este lunes a ocho personas por su presunta vinculación con un fraude en cursos de formación para desempleados en Andalucía, entre ellos se encuentra el que fuera consejero de Hacienda de la Junta entre los años 1987 y 1990, Ángel Ojeda, y su hijo, informaron a Efe fuentes de la investigación.
Ángel Ojeda fue arrestado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y su hijo Marcos Ojeda en Madrid, dentro de una operación que lleva a cabo la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, indicó Europa Press. Supuestamente, empresas vinculadas al exconsejero impartieron cursos de formación a extrabajadores de Delphi.
Ojeda y su hijo y las otras seis personas fueron detenidas en la denominada Operación Óscar, desplegada en varias localidades de España y puesta en marcha tras una denuncia por un presunto fraude en cursos de formación detectado en Cádiz, y similar a la Operación Edu, llevada a cabo contra fraudes similares en otros puntos de la geografía andaluza.
El pasado mes de febrero el PP de Andalucía denunció que la directora general de Formación Profesional de la Junta, Teresa Florido, había concedido 102 ayudas para la formación al entramado empresarial de su cuñado y exconsejero del Gobierno andaluz Ángel Ojeda por valor de más de 25 millones de euros.
Posteriormente, el pasado mes de julio, un informe de la UDEF reveló que hubo una desviación «sistemática» de fondos públicos, y el PP vinculó a Ojeda con esta trama. Según publicaron la semana pasada los diarios del Grupo Vocento, la Policía Nacional cifraba en 48,4 millones de euros las ayudas y subvenciones obtenidas por las empresas del exconsejero Ojeda. Éste dirige desde hace años la empresa Prescal, especializada en formación y consultoría, ubicada en el parque aeronáutico Aerópolis, en La Rinconada (Sevilla), y durante varios años ejerció la presidencia de la Asociación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía.
También está imputado por presuntas irregularidades en cursos de formación a extrabajadores de Delphi el que fuera consejero de de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, Antonio Fernández. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha imputado dentro de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en relación a los cursos de formación. Alaya también está investigando a Ojeda por las ayudas a UGT.
En el caso de Fernández, la magistrada ya ha dictado una resolución en la que le cita a declarar como imputado el próximo día 16 de octubre en relación con las ayudas que la Junta concedió por importe de 52 millones de euros para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
Antonio Fernández es el primer imputado dentro de esta causa, en la cual la magistrada investiga también las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera dicha investigación a la Fiscalía de Sevilla.
La UDEF en la Operación Edu también investiga presuntos cursos de formación fraudulentos para parados y trabajadores sin cualificación en toda la región, pagados por la Junta entre 2007 y 2013. En esta operación ya han sido detenidas 12 personas en las provincias de Málaga (ocho) y Granada (cuatro, dos en Guadix y dos en Albolote). Entre los arrestados hay responsables de las empresas organizadoras de los cursos de formación, incluidos dos policías locales y el gerente de una escuela de hostelería dependiente de la Junta. El origen de la llamada Operación Edu se circunscribe a las supuestas irregularidades detectadas, hace un año, en 20 empresas de Málaga que percibieron subvenciones para cursos.
En paralelo a la instrucción judicial, la Consejería de Educación, responsable ahora de la gestión de estos cursos, abrió una investigación interna de todos los expedientes de ayudas otorgados en los últimos siete años (si antes hubo fraude, ya ha prescrito). Se están estudiando 8.505 expedientes de subvenciones entre 2007 y 2013, de los cuales 1.728 ya se han revisado. La Junta ha solicitado el reintegro de 56 ayudas no justificadas debidamente. Cuatro son reclamaciones en firme, el resto aún están en periodo de alegaciones.
