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Detenido un alcalde del PSC y dos ex altos cargos de Pujol

Hay ocho arrestados en total acusados de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Bartomeu Muñoz, regidor de Coloma de Gramenet, es uno de ellos.

el 27 oct 2009 / 20:32 h.

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Agentes de la Guardia Civil, ante el Ayuntamiento de Coloma tras los arrestos.

Un nuevo caso de corrupción manchó ayer la reputación de la política española, ya en entredicho después del Gürtel. El ex consejero de la Generalitat Macià Alavedra; el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta -ambos ex altos cargos de Jordi Pujol- y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, son tres de las ocho personas detenidas en una operación contra la corrupción desarrollada en Barcelona.

También fueron arrestados el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García. A éstos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. Se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

Desde primera hora de la mañana, agentes del Instituto Armado registraron la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma, en el que reclamaron expedientes y documentación. Los agentes también inspeccionaron la sede de la empresa Gramepark S.A. y de la compañía municipal de promoción empresarial Grameimpuls S.A. Asimismo, los agentes registraron en L'Hospitalet de Llobregat un local de la empresa Construcciones Ortega. La Guardia Civil investiga ahora si la red operaba a través Gramepark, una empresa municipal de promoción inmobiliaria presidida por Manuel Dobarco.

Los investigadores tratan de averiguar si esta compañía, que nació hace 20 años como constructora de aparcamientos, fue utilizada por la trama de corrupción, que presuntamente operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción. La operación deriva de una investigación abierta por Baltasar Garzón en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.

Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal". Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que -según la investigación- cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus clientes.

La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo'92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.

El alcalde de Santa Coloma recibió el pasado mayo un premio en el marco del Salón Ecocity and Industry de Barcelona, por considerar que sus proyectos inmobiliarios eran "un ejemplo de regeneración urbanística". Ahora, Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y edil en Santa Coloma (además de marido de la socialista Manuela de Madre), se perfila como su sustituto.

Las reacciones. Tras los arrestos, CDC reclamó que se respete la presunción de inocencia de los dos ex altos cargos de su partido, mientras que instó al president José Montilla a hacer autocrítica "en su casa". El secretario general adjunto de CiU, Felip Puig, desvinculó por su parte de la cúpula directiva de la federación a Prenafeta y Alavedra y apeló a la celeridad de la Justicia. En esta coyuntura, el PSC se limitó a prometer que si la "autoridad judicial toma medidas" contra el alcalde socialista pedirá su renuncia y le expulsará.

El PP también habló y dejó claro que el que se detenga ahora a cargos socialistas no compensa al PP por la "campaña" en su contra que han venido denunciando en los casos Gürtel o Palma Arena.

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