Cuatro personas, socios y trabajadores de una chaatarrería de Sevilla, han sido detenidas por los presuntos delitos de robo con fuerza y daños en la antigua comisaría de la Policía Local en Cartuja, instalaciones que el cuerpo abandonó en ruinoso estado y que ha motivado un conflicto judicial entre la compañía propietaria, Detea , y el Ayuntamiento de Sevilla. Pero estos imputados, quienes han quedado en libertad provisional, han apuntado en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 15 de la capital que tan sólo se llevaron material de desecho y tras acordarlo, con reparto de ganancias, con un policía municipal. La rocambolesca historia, en unas diligencias abiertas por la Policía Nacional, se complica aún más porque este último habría apuntado que contaba con el permiso de un intendente y éste, por último, habría apuntado también más arriba, sosteniendo que seguía indicaciones de Edificios Municipales, esto es, del propio Consistorio.
En el atestado de los policías nacionales, se reseña que la empresa de chatarra procedió a la retirada de las taquillas de la comisaría ya en desuso y declaradas inservibles tras pactarlo con un agente local, con el que habría algún grado de parentesco, y se repartieron 1.768 euros, "según consta en la factura aportada". Ese agente dispuso de tales taquillas dado que "su jefe policial" dijo que no valían de acuerdo con la orden emanada del Consistorio de llevarse de estas instalaciones de Cartuja todo el material que pudiera ser reutilizado en otras dependencias municipales, y antes de que Detea retomara posesión de las mismas.
La Policía Nacional, tras haber contrastado declaraciones de esos detenidos, de policías locales y del intendente -ningún agente local está imputado ni ha sido detenido, sino que únicamente se ha prestado declaración- y cotejarlas con un informe elaborado por la firma encargada de la vigilancia del recinto tecnológico Cartuja 93 -la empresa Omega-, sospecha que los chatarrenos podrían haberse adueñado de otro material de las naves aprovechándose del acceso al edificio, que habían obtenido "bajo autorización del policía local". De hecho, si bien el responsable de la chatarrería manifestó que sólo se había llevado las taquillas, "la declaración del intendente amplía dicha retirada a otros materiales (...) no estando autorizado para ello".
Desde la comisaría de la Policía Nacional de Triana no se descarta la implicación de otros individuos "no relacionados" con esa empresa de chatarra, que pudieron hacer su negocio teniendo en cuenta que las naves carecían de seguridad tras ser entregadas a Detea.
"Se desprende que trabajadores del servicio de Edificio Municipal [dependiente del Ayuntamiento] desmontaron y trasladaron de dicho edificio diverso material como luminaria, cableado eléctrico, bases de enchufe, accesorios de cuartos de baño, aparatos de aire acondicionado y, en general, todo aquello que le pareció reutilizable, instalándose incluso algunos de estos aparatos de climatización en nuevas dependencias de la Policía Local sitas en la Ronda del Tamarguillo", según el relato de unas investigaciones que prosiguen.
De esta última afirmación, pues, se desprendería que la Policía Municipal atendía a órdenes superiores para aprovechar todo el material posible. Pero la cuestión es dilucidar hasta qué extremo se ejecutó la orden, dado que la antigua comisaría de Cartuja fue entregada a Detea con un interior ruinoso y en el que hasta los cables y enchufes fueron literalmente arrancados de las paredes.
El propio delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, admitió a finales de julio pasado que había incoado el "oportuno expediente administrativo" para esclarecer los hechos. Este diario preguntó ayer al Consistorio hispalense sobre las conclusiones de las pesquisas pero declinaron hacer declaraciones al respecto por "respeto institucional" al partido que ha formulado una batería de preguntas al delegado para que responda pasado mañana en el Pleno municipal: el PSOE.
El verano pasado, y tras una petición de los socialistas, Cabello indicaba que la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito de Triana había iniciado la investigación de una denuncia presentada por Detea, que se quejaba de la ruina de las instalaciones -después reclamó una indemnización millonaria-. El delegado señalaba que la Policía Local no estaba participando en tales diligencias "para no interferir en dichas gestiones".
Demetrio Cabello sentenciaba por entonces que "en ningún momento por Policía Local se autorizó a empresa alguna la retirada de material de este edificio -el tercero y último de la comisaría de Cartuja en ser desalojado por el cuerpo municipal-; no obstante, un funcionario de la misma solicitó de los correspondientes responsables policiales la retirada de taquillas y de muebles desechados tanto por Policía Local como por Edificios Municipales, actuaciones que realizó al parecer una chatarrería".
El delegado de Movilidad y Seguridad sostuvo que, mientras se desalojaban los edificios, se retiraron "aquellos elementos de valor e interés" para ser reutilizados. Medida de ahorro. Desde luminarias hasta sanitarios.
