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Devuelven a los colegios a cien alumnos que defraudaron

Las denuncias de familias contra otros padres por falsear la matrícula de sus hijos y las órdenes que dictó Educación para quitarles esa plaza están tropezando con las medidas cautelares ordenadas por los jueces. Los tribunales han permitido a más de cien niños acusados de fraude escolar seguir en sus colegios.

el 14 sep 2009 / 20:32 h.

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Las denuncias de familias contra otros padres por falsear la matrícula de sus hijos y las órdenes que dictó Educación para quitarles esa plaza están tropezando con las medidas cautelares ordenadas por los jueces. Los tribunales han permitido a más de cien niños acusados de fraude escolar seguir en sus colegios hasta que se resuelva el pleito, aunque para entonces ya habrá acabado el curso.

La Delegación de Educación de Sevilla ha recibido más de un centenar de cartas de los jueces aceptando los recursos de los padres contra la decisión de la Junta de expulsar a sus hijos acusados de fraude escolar. Casi todos salen de colegios católicos.

Antes del verano, la Policía detectó que casi 300 familias habían falsificado las matrículas de sus críos para hacerse con una plaza en un colegio concertado donde la demanda era muy elevada.

Tras la investigación, Educación ordenó restarles puntos en el baremo de escolarización a esos 300 alumnos, lo que supuso la expulsión de la mayoría y el traslado a otro centro.

Sin embargo, antes de que el curso echara a andar, esos niños -la mayoría de expedientes son de 1o de Infantil y 1o de Primaria- ya habían vuelto a ocupar sus sillas. Sus padres contrataron a abogados. Éstos recurrieron la orden de expulsión de la Junta y, hasta que llegara el juicio, solicitaron al juez como "medida urgentísima" que los críos siguieran donde estaban.

Fuentes de la delegación confirmaron que "los jueces han aceptado prácticamente todas las medidas cautelares para devolver a los expulsados al colegio que querían" y que ésta es "la pauta general desde hace, al menos, dos años".

Tres juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla concentran casi todos los casos de fraude escolar o derivados del descontento de los padres en la escolarización de sus hijos.

El criterio que han seguido los jueces para aceptar el centenar de medidas cautelares es el "ya reiterado" de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, al que ha tenido acceso este periódico en varios autos dictados por los juzgados de lo Contencioso hace apenas un mes: "Si se deniega la medida cautelar se produce una situación difícilmente reversible, ya que si la sentencia fuese favorable sería ineficaz por imposibilidad material al no poder escolarizarse al menor en el colegio elegido por los padres para el concreto curso académico al que se refiere el acto impugnado".

Dicho de otro modo, los jueces suelen aceptar que los niños conserven su plaza hasta que la sentencia no esclarezca si mintió para lograrla. "Las medidas cautelares", confirman en los juzgados, "casi siempre se aceptan porque se entiende que si finalmente la sentencia es favorable al crío, el perjuicio que se le ha ocasionado por dejarle fuera del colegio que ha elegido es mayor que el que se le infringiría si la sentencia resultase en su contra y hubiese que expulsarle".

El problema es que la carga de trabajo de los tribunales es tan asfixiante que, para cuando se resuelven los pleitos, el curso académico ya ha terminado.

En ocasiones, transcurren "dos o tres años, e incluso más, porque la sentencia se puede recurrir", explican abogados que defienden a los padres. "Cuando llegue la orden de expulsión del niño, si se diera el caso, ya habrá acabado el curso. Las medidas cautelares se resuelven muy rápido en el caso de los niños, pero el procedimiento del litigio en nuestros juzgados es muy lento y tarda años", confirman fuentes judiciales.

Según los autos consultados, si se demostrara el fraude, serían finalmente expulsados. Pero en los colegios donde se produce ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, ese embudo o la dificultad para entrar está en los primeros cursos. Es casi imposible acceder al primer año de Infantil -la mayoría de las denuncias se dan en este curso- pero, si se consigue, la plaza está asegurada durante todo el ciclo y durante toda la Primaria. "Después pueden expulsar de nuevo al chico y, de hecho, se ha hecho. Pero entonces ya no tiene tantos problemas para encontrar plaza", explican fuentes de Educación.

En este curso, algunos centros católicos concertados han absorbido casi el 90% de las reclamaciones por fraude. En realidad, se trata de una docena de colegios y los problemas de acceso se ciñen a los primeros cursos de cada ciclo, Infantil y Primaria, sobre todo.

La oferta siempre es superior a la demanda en esas escuelas, pero lo que provoca los fraudes es el deseo de los padres de escolarizar a sus hijos en estos colegios, y no en otros, y para ello suelen recurrir a estratagemas que les permitan puntuar en el baremo de escolarización lo suficiente como para asegurarse la plaza. El falseo de datos en la matrícula es lo habitual: usar un negocio como domicilio familiar, presentar partes médicos trucados...

Jueces y profesores tienen en común una cosa: los juzgados se colapsan por la falta de personal y las aulas por el exceso de alumnos. Después, todo va más lento.

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