Por Isabel Morillo y Daniel Cela No era un órdago. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha ordenado publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto que retira las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a sus socios de Gobierno, de IU. Las negociaciones se mantuvieron ayer sin éxito hasta bien entrada la madrugada, después de que el comité de enlace de PSOE e IU fracasaran tras 11 horas de reunión en el Parlamento andaluz buscando salidas para tratar de salvar esta crisis ocasionada por el realojo de 22 familias de la Corrala de la Utopía.
IU ha reaccionado convocando de urgencia a su dirección colegiada para adoptar una decisión. Junto al coordinador regional, Antonio Maíllo, estará Cayo Lara en la cumbre urgente para decidir qué hacer con el pacto de Gobierno. Ambos tenían hoy prevista una agenda conjunta en Andalucía que ha sido suspendida para abordar la crisis. También ha suspendido su agenda oficial para acudir al encuentro el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, también ha suspendido su agenda y el encuentro previsto con el Defensor del Pueblo. Elena Cortés, consejera de Fomento y tercer miembro de IU en el Ejecutivo andaluz, llega hoy a Sevilla después de que toda esta crisis le haya estallado en una visita institucional en Colombia y Panamá invitada por el foro ONU Hábitat. Cortés se baja del avión con menos competencias y con la petición de su cese sobre la mesa de la pugna política. Fuentes de la dirección de IU aseguraron a este periódico antes de que comenzara la reunión de su cúpula que la situación es más complejo de solucionar hoy que ayer y advirtieron de que esto es lo que sucede cuando se deja caer una bola de nieve por una ladera y va creciendo y creciendo.
El de ayer fue el día más largo y duro para el pacto que PSOE e IU firmaron hace dos años en Andalucía. La sombra de una ruptura planeó durante toda la jornada por el Parlamento por mucho que los socios insistieran en poner sordina a la bronca que ellos mismos habían librado públicamente, aún sabiendo de las graves consecuencias inherentes a un pulso político de esta envergadura. Las soluciones que buscaron intensamente miembros de ambos partidos reunidos en una sala de la Cámara andaluza no llegaron. Hoy estaba previsto que continuaran las negociaciones. El asunto es complejo, admitió el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, tras levantarse de la reunión. Se mantienen las discrepancias, sostuvo el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. 
PSOE e IU trataron durante más de once horas de buscar una solución a la crisis que se precipitó el pasado miércoles, después de que IU siguiera adelante con el realojo de las 22 familias que estaban ocupando una vivienda en la Corrala de la Utopía, convertida por los círculos de izquierda en símbolo del movimiento antidesahucios, en contra de la opinión de la Presidencia del Gobierno. La inestabilidad política estalló cuando se comunicó que la presidenta Susana Díaz había redactado y firmado un decreto de retirada de las competencias de vivienda a la Consejería de Fomento, que lidera Elena Cortés (IU), como respuesta a lo que en círculos socialistas consideraron un desafío y una salida ilegal para este conflicto.
La presidenta mantuvo toda la jornada su amenaza de retirar las competencias a IU: "Evidentemente yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación se podrá revisar ese decreto", dijo a media mañana. Hoy estaba publicado en BOJA. Ayer desde la federación de izquierdas daban por sentado que esa retirada de competencias supondría automáticamente una ruptura de un acuerdo que pivota en dos patas: un acuerdo programático y el reparto de carteras dentro del Gobierno.
Por parte del PSOE negociaron el consejero de la Presidencia, el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Por parte de IU, Maíllo, el portavoz, José Antonio Castro y el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. En algunos momentos se incorporaron el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, y el viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián.
Según fuentes de la negociación, la mayor parte estuvieron revisando papeles y documentos sobre los realojados. Hubo más contenido técnico-jurídico que político, aseguran. Los socialistas insistieron en que había que "buscar una solución que esté dentro de la ley" para estos ocupas y reclamaron a IU que acreditara que el realojo de estas familias se había hecho de forma rigurosa. Señalaron el peligroso precedente que, a su juicio, se abre si se prioriza a estas familias desalojadas por orden judicial y que ocuparon ilegalmente sus viviendas. Los socialistas pidieron datos sobre cada una de las familias y los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla que IU asegura tener para acreditar situaciones límites de riesgo de exclusión social que permitirían adoptar, con la ley en la mano, una medida excepcional y provisional para estas personas. Desde IU se comprometieron a mostrar toda la documentación e insistieron en que la decisión de realojar a estas familias está dentro de la ley. Los informes (donde se barema a estas familias como personas en riesgo de exclusión) a los que se agarra la coalición de izquierdas han sido redactados, la mayoría, por los servicios sociales del Ayuntamiento, y el resto por técnicos de la Consejería de Fomento, según explicaron fuentes del Defensor del Pueblo andaluz, que custodia dichos informes.
Era realmente complicado reconducir la situación después del pulso público que PSOE e IU han librado en las últimas 24 horas. Los socialistas insistían en que había sido IU quien vulneró la ley y que eran ellos quienes tenían que rectificar sus decisiones. Alertaban del grave precedente que se abría con esta medida, convencidos de que no se podía priorizar a estas personas frente a los 12.351 personas demandantes de una vivienda pública que hay en Sevilla y las más de 300 familias reconocidas en riesgo de exclusión. Desde IU defendieron con uñas y dientes que habían actuado en el marco de sus competencias y sin saltar ninguna norma, insistiendo en que tenían el mandato judicial urgente de dar una solución a los desalojados de la Utopía y que no se adjudicaba ninguna vivienda, sino que se daba un alojamiento temporal.
Tras el conflicto político que ha dejado al borde de la ruptura el pacto en la Junta, lo más complicado es explicar quién gana y quién pierde en este pulso público. Los socialistas tenían claro que debía quedar a salvo y reforzada la autoridad de la presidenta Susana Díaz. Desde la federación de izquierdas descartaban rectificar el realojo y sobre todo que hubiera dimisiones y que pudiera salir del Gobierno Cortés.
