Díaz: "Andalucía no va a financiar a los centros que segreguen por sexo"

La presidenta de la Junta ha augurado este jueves ante el Pleno del Parlamento una "vida muy corta" para la Lomce, que su Gobierno recurrirá en el Tribunal Constitucional.

el 12 dic 2013 / 13:05 h.

Susana Díaz en la sesión de control del ParlamentoLa presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha augurado este jueves  ante el Pleno del Parlamento una "vida muy corta" para la Ley  Orgánica de Mejora Educativa (Lomce), que su Gobierno recurrirá en el  Tribunal Constitucional, y ha anunciado que se tomarán medidas en  Andalucía frente a esa norma y para evidenciar que hay un modelo  educativo diferente, como la intervención de los centros en el diseño  de pruebas de evaluación y que sea el profesorado de la función  pública quien aplique y califique las pruebas de evaluación final en  centros públicos, que no se harán públicas para evitar ranking de  colegios. Díaz, que ha iniciado su intervención expresando su solidaridad  con los alcaldes que vienen reivindicando la autonomía local frente a  la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno  central,  ha indicado que la Lomce es la ley más "ideológica" que  podía haber aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha supuesto  quebrar el "pacto constitucional". Tras indicar que se trata de la primera ley de reforma educativa  que sale adelante con el apoyo de un solo partido, lo que supone  bastante "inestabilidad" en el sistema educativo, ha señalado que es  fundamental mejorar la calidad de la educación y promover la igualdad  y la equidad, pero que no entiende que para ello, haya que tomar  medidas como suprimir la asignatura Educación para Ciudadanía o que  se opte por la "segregación", que es una opción ideológica "muy  retrograda". Se ha mostrado convencida de que lo que pretende la Lomce es dejar  en el camino a todo chico o chica que signifique un "problema desde  edades muy tempranas", apuntando que mientras la reválida a los once  años es tema "muy superado" en el resto de Europa, aquí, en cambio,  se "meten tres reválidas". Para Díaz, si realmente la preocupación del Gobierno central fuera  la calidad de enseñanza, se atendería esa desigualdad de origen entre  padres e hijos, que en Andalucía ha supuesto retraso de unas  generaciones a otras, al tiempo que se habría atendido al  profesorado. Ha querido dejar claro que Andalucía se va a defender de la Lomce,  en marco ley y de la responsabilidad, defendiendo ante todo el  Estatuto de Autonomía. Así ha indicado que como medida de carácter  jurídico, se presentará un recurso en el Tribunal Constitucional  porque la ley invade el artículo 21 de Estatuto y ese derecho a   acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos  sostenidos con fondos públicos. En cuanto a las medidas de carácter educativo y curricular que se  adoptarán, ha señalado que en Andalucía se va a compensar el  currículo básico favoreciendo una formación más humanista e integral,  incluyendo la asignatura Educación para la Ciudadanía. "Nos resistimos a segregar en edades tempranas", ha sentenciado la  presidenta, quien ha querido dejar claro que Andalucía no va a  sostener con fondos públicos centros que opten por la educación  diferenciada y segregue por un lado a niños y, por otro, a niñas. "Sabemos que todavía hoy hay problema, pero la educación en  Andalucía avanza y no deja nadie atrás", según Díaz, para quien el  último informe Pisa permite mirar el fututo "con esperanza".  Asimismo, ha indicado que si a la secretaria general del PP, María  Dolores de Cospedal, le molesta la transferencia de las competencias  de educación a las comunidades, en Andalucía se ha demostrado que dos  euros al día por andaluz para educación suponen "un avance", frente a  los dos millones de euros diarios en burocracia educativa del  Estado. "INSUMISION" ANTE LA LOMCE. Por su parte, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha  señalado que todos los colectivos sociales coinciden en que la Lomce  supone un "desmantelamiento de lo público", a través de lo privado,  concediendo a la educación pública un carácter subsidiado al  fomentarse la creación de centros privados. Ha mostrado su  preocupación por que se imponga una concepción de la educación "como  servicio y no como derecho". Tras indicar que en el proceso de negociación de la ley se ha  tenido más en cuenta a la Iglesia y a las asociaciones de centros  concertados que al resto de la comunidad educativa, se ha mostrado  convencido de que la motivación real de la norma es consolidar y  profundizar en la segregación ya existente, mediante el  establecimiento de diversas pruebas a la lo largo de la trayectoria  educativa de los estudiantes. Ha señalado que IULV-CA ha planteado la "desobediencia" en todos  los centros educativos de Andalucía ante esa norma, para construir  una reforma de consenso en la comunidad y ha expresado que a su  formación le "trae al pairo" que desde el PP se les llame radicales.  Para  Castro, radicales, de "derechas", son los que han sacado una  ley sin consenso; el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y  querer acallar protestas a la política del Gobierno a base de multas  y represión. Castro ha señalado que Izquierda Unida va a seguir con su campaña  para pedir a los centros educativos que sean "insumisos" ante la  Lomce y ha pedido que el Gobierno andaluz que también haga lo mismo.

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