Díaz retira competencias de vivienda a IU y se abre una crisis de gobierno

La presidenta dejará provisionalmente a Fomento sin competencias en adjudicación de VPO. A mes y medio de las europeas, se reaviva el debate de un posible adelanto electoral en Andalucía

el 09 abr 2014 / 23:00 h.

El realojo de las 22 familias de la corrala Utopía, que ayer ejecutó la Consejería de Fomento y Vivienda (IU) en contra del criterio de su socio de Gobierno (PSOE), desató una inesperada y profunda fractura en el pacto entre las dos formaciones. El conflicto fue in crescendo toda la tarde y entrada la noche se saldó con un abrupto anuncio: la presidenta Susana Díaz emitirá hoy jueves un decreto para retirar provisionalmente a Fomento las competencias sobre la adjudicación de viviendas del parque público, una potestad que utilizó ayer el departamento de Elena Cortés para realojar a 10 familias (a otras 12 se les proporcionó un piso de alquiler privado). Fuentes del entorno de la presidenta argumentan que con esta decisión «IU ha traspasado todos los límites y ha quebrado el principio básico de lealtad que debe regir en el pacto de Gobierno». El decreto constará de un segundo punto en el que ordena la apertura de una investigación para esclarecer si los procedimientos y criterios de adjudicación a las familias se ajustaron a los principios de igualdad y legalidad, algo que la Consejería de Presidencia llevaba negando ayer todo el día, exigiéndole a IU una «rectificación». La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente, Diego Valderas (IU)conversan ayer en el Parlamento. / Foto: Raúl Caro. (Efe) La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente, Diego Valderas (IU)conversan ayer en el Parlamento. / Foto: Raúl Caro. (Efe) Ninguna de las dos formaciones descartaba ayer una ruptura del acuerdo a los dos años de legislatura, pero tanto el PSOE como IU siguen rechazando esta opción. El adelanto electoral ha sobrevolado sobre la política andaluza desde la dimisión del expresidente José Antonio Griñán hace menos de un año, y la llegada de su sustituta, Susana Díaz. El PP ha buscado desde el principio quebrar la unión entre ambas fuerzas. Sin embargo, el mayor cisma hasta el momento se ha desencadenado de forma inesperada, a mes y medio de las elecciones europeas, lo cual reaviva las especulaciones de un posible adelanto electoral. El de ayer no fue el conflicto más duro al que se han enfrentado en estos dos años de mandato, pero se gestionó como si lo fuera, de forma descoordinada y escenificando una inestabilidad política que hasta ahora se habían esmerado en evitar. Al contrario que otras veces, en las que ambas partes han quitado hierro a cualquier desavenencia surgida en el seno del Gobierno (el impuesto de grandes superficies, que IU reclamaba y los socialistas vetaron), en esta ocasión ninguno de los dos intentó ocultar que el desacuerdo ha hecho temblar la tierra y que fue necesaria (e infructífera) la interlocución directa del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y la presidenta. Desde Presidencia advirtieron de que lo sucedido plantea dos problemas graves: uno político, que aboca a la inestabilidad del pacto, y otro legal, pues el realojo de las 22 familias «abriría un precedente peligroso de incalculables consecuencias». Los socialistas aseguran que Díaz y Maíllo conversaron el martes y quedó claro que la presidenta no iba a aceptar ninguna solución que considerara contraria a la ley, pese a lo cual IU decidió seguir adelante, razón por la que justifican la retirada de competencias. Fuentes del entorno de Díaz interpretan la actitud de IU como una estrategia de desgaste personal hacia la presidenta. Desde la coalición replican que el coordinador regional telefoneó ayer hasta nueve veces a Díaz sin que respondiera,lo cual consideran «humillante» y una «falta de respeto y lealtad institucional». La escena que se vivió ayer en los pasillos del Parlamento fue insólita. Por la mañana, Fomento (IU) había anunciado el realojo inminente de las 22 familias de la corrala. Pero minutos después, Presidencia (PSOE) rectificó esta versión, aseguró que estas familias serían derivadas a los servicios sociales (también hay niños y ancianos afectados) y se acogerían al procedimiento normal para acceder a una vivienda social, igual que muchas otras familias en la misma o peor situación de exclusión. Esta contradicción no se corrigió por la tarde. Al contrario, se agravó. Después de momentos de incertidumbre en el Parlamento, con carreras de por medio y los socios de Gobierno actuando por separado, el portavoz de IU, José Antonio Castro, explicó que Fomento seguía adelante con su guión, y aclaró que actuaba de acuerdo a un mandato judicial (del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, de 25 de febrero). Castro confirmó el realojo para ayer mismo como medida «transitoria y excepcional». Minutos después, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, volvió a corregir la versión de IU y dijo que debía «rectificar». «El realojo como se ha planteado no respeta la normativa», aseguró. Castro, con el auto judicial en sus manos, insistía en que el gabinete jurídico de Fomento había garantizado que «no existe ese hipotético problema legal». Vázquez, en cambio, sostuvo que los servicios jurídicos centrales de la Junta advertían de que no se podía poner a estas 22 familias por delante de otras que también necesitan una vivienda, ya que esto generaría «inseguridad jurídica» y provocaría un «efecto llamada» en las otras 10.000 familias sin residencia que hay en Sevilla. «Ha habido un exceso lingual del portavoz de la Junta», se quejaron desde la coalición. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), eludió hablar con la prensa, y tampoco lo hizo el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez. Desde el día antes hubo conversaciones entre la dirección de PSOE e IU y, sin embargo, no se evitó el choque de trenes en el Parlamento. La espita que hace saltar el conflicto, según fuentes consultadas, tuvo lugar por la mañana en el consejillo, la reunión de los viceconsejeros del Gobierno que coordina Presidencia. En ella, el número dos de Fomento, José Antonio García Cebrián, quiso explicar que había 10 VPO disponibles para las familias de la corrala, y para el resto, pisos de alquiler. Cebrián quería anunciarlo, pero Presidencia lo frenó y zanjó la reunión. Las diferencias entre PSOE e IU tienen una explicación jurídica y otra política. La primera es que Fomento cuenta con los informes de las 22 familias afectadas que elaboraron los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, una documentación que también estaba en poder del Defensor del Pueblo Andaluz. El departamento de Elena Cortés [que ayer se encontraba en Colombia] se acoge a esos informes y al auto judicial para legitimar un «realojo transitorio [hasta octubre] y excepcional» que no puede, dice, extrapolarse a otras familias en riesgo. La lectura política es más compleja. IU no está dispuesta a que el PSOE obtenga rédito en materia de vivienda «a costa del esfuerzo diario» de la federación, cuyo mayor logro político ha sido la ley antidesahucios. Algunas fuentes apuntan a que Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tenían previsto comparecer hoy juntos para anunciar una salida al problema de la corrala, por eso IU decidió precipitar el realojo. Ayer tarde, la oficina del portavoz emitió una nota para informar de que la presidenta y el alcalde comparecerían hoy en San Telmo (sin explicar el motivo), y minutos después se envió otro comunicado aclarando que se abordaría el futuro de Altadis. IU se sintió desplazada a última hora en la solución del conflicto y optó por precipitar el anuncio del realojo. En este pulso por ganarse el mérito de una solución para la corrala, PSOE e IU han sumido en el desconcierto a 22 familias, que pasaron de la alegría al llanto en cuestión de horas.

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