La elaboración del Presupuesto andaluz para 2014 entra en la recta final y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, garantizó ayer que pese a las tensiones con los socios de Izquierda Unida para cuadrar unos números que deberán de recortar 1.200 millones de euros, habrá acuerdo. Durante un desayuno informativo organizado por la Cadena SER, Díaz dio por sentado que Andalucía tendrá un Presupuesto en el que lo superfluo, advirtió, se quedará por el camino. Hay cosas que tendremos que dejar de hacer, admitió.
No se conoce exactamente cómo cuadrará Andalucía unos números que, obligados por el cumplimiento del déficit, tendrá que someterse por quinto año a duros recortes. La presidenta de la Junta confió en mejorar los ingresos públicos mediante la venta de activos el Gobierno andaluz ya intentó sin éxito vender suelo e inmuebles en ejercicios anteriores y un mejor uso de los fondos europeos. Pero por mucho que Andalucía pinte nuevos ingresos, existe un recorte obligado de 1.200 millones de euros para no sobrepasar un déficit del 1% en el próximo año y cumplir así con el mandato del Gobierno y Bruselas. Precisamente ayer el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo público la actualización del plan de estabilidad que ha enviado a la UE, con el compromiso de que las comunidades recorten en los dos próximos años 8.000 millones de euros.
¿Dónde meterá Andalucía la tijera? Eso aún se desconoce aunque el capítulo más voluminoso de las cuentas es el que se refiere a gasto corriente y pago de nóminas. Preguntada sobre si habrá despidos o más recortes a los funcionarios, la dirigente socialista solo señaló que tratarán de preservar al máximo el empleo público. IU insiste en la necesidad de revisar el sector público empresarial. La Consejería de Fomento, en manos de la federación de izquierdas, ha sometido a un duro tajo a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, llegando a los tribunales por el recorte de directivos y sueldos. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, dijo sin embargo que ya no había grasa que eliminar. La presidenta dio a entender que algo queda, aunque lamentó esa expresión.
No habrá nuevos impuestos, insistió Díaz, tras la cesión de IU, que ha peleado duro por incluir nuevos gravámenes sobre las grandes superficies, el tráfico aeroportuario o las bebidas azucaradas. Esos nuevos tributos no nacerán tras el compromiso adquirido por la presidenta con los empresarios. Las cuentas de 2014 supondrán, en palabras de Díaz, un esfuerzo brutal y están sometidas a serias dificultades. Ayer en el Parlamento, la consejera de Hacienda señaló que confían en poder arañar unas décimas al objetivo de déficit público a lo largo del año y habló también de mayores ingresos mediante el control del fraude fiscal. El plan de lucha contra el fraude, que se aprobó en julio de 2012, producirá unos ingresos extra de 250 millones de euros a las arcas públicas a finales de este año. El año pasado, los ingresos de la Junta por esta vía rondaban los 15 millones al mes, este año la cifra aumenta hasta los 21,3 millones (un 34% más).
Sin saber lo que se eliminará, sí se conoce que blindará la Junta. Díaz anunció ayer que no se recortará la partida destinada a la dependencia y aseguró que la prioridad será la creación de empleo y las partidas de educación, sanidad y prestaciones sociales.
Cataluña // La presidenta de la Junta confió en que, tras su reunión con Rajoy, el Gobierno admita enmiendas a los Presupuestos del Estado para que se apruebe un plan especial de empleo para Andalucía. Señaló que la tasa de paro en la comunidad (36%) es insoportable. Rajoy es tan responsable como yo de cada empleo que se pierde en Andalucía, afirmó. También espera que mejore la inversión para la red ferroviaria del puerto de Algeciras.
La presidenta del Ejecutivo andaluz se refirió también al debate abierto sobre las balanzas fiscales que miden lo que las comunidades aportan y reciben del Estado, tras anunciar el Gobierno su publicación para finales de año. Díaz no se opone a la publicación de estos datos aunque mostró su preocupación porque se conviertan en una coartada y un arma disfrazada de falsa tecnocracia para beneficiar a unos españoles y perjudicar a otros. En pleno desafío independentista de Cataluña, pidió que nadie utilice las balanzas para dividir. Insistió, tras las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid asegurando que Andalucía recibía más de lo que le corresponde, en que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios y recordó que en Madrid residen empresas con su negocio en la comunidad andaluza. La socialista se defendió de las críticas por su presencia el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en el desfile oficial: Era mi obligación estar allí. Sobre el problema con Cataluña volvió a pedir a Rajoy que lidere el diálogo y se ponga al frente. No se puede cerrar los ojos ante la situación de Cataluña, donde miles de ciudadanos no se sienten parte de España, señaló. Pidió al líder del PP que se siente con Artur Mas (CIU) a la luz y no detrás de la cortina. Sobre el derecho a decidir de Cataluña fue tajante: Si decidimos, decidimos todos.
8.000 millones de recortes para las comunidades en dos años El Gobierno prevé que las comunidades autónomas lleven a cabo ajustes presupuestarios por importe de algo más de 8.000 millones de euros en los dos próximos años, según consta en el plan presupuestario de las Administraciones Públicas remitido a Bruselas.
33El informe del Gobierno explica que aún se está recabando información sobre los presupuestos y planes de ajuste de las comunidades, pero que las líneas generales llevan a calcular que durante 2014 se adoptarán medidas por importe de 4.068 millones. De ese total, 2.142 millones corresponden a medidas de ingresos, conforme a la capacidad normativa que tienen las autonomías en materia tributaria. En lo que respecta a los gastos se prevé que las autonomías adopten medidas para 2014 por importe de 1.927 millones, encaminadas la mayoría a un mayor control de los gastos corrientes en bienes y servicios, gracias a la entrada en funcionamiento del sistema de compras centralizado y al ahorro en gastos de funcionamiento. Para 2015 se espera que el importe de las medidas a adoptar vuelva a ascender a más de 4.000 millones.
