Díaz se declara en rebeldía contra la ley Wert antes de que se apruebe

La presidenta insiste en recurrir la reforma educativa al Constitucional. “Rajoy tiene una hoja de ruta clara: desmontar la escuela pública”, dice

el 24 oct 2013 / 22:25 h.

15265673El Parlamento, con el rechazo del PP, votó ayer una proposición no de ley que insta a la Junta a que analice la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la Lomce y utilice el margen autonómico para evitar “los perjuicios que pueda ocasionar al sistema educativo”. Hay una clara predisposición del Gobierno andaluz a no cumplir la ley Wert en todos sus términos. Éste ha sido el mensaje que se ha oído durante los meses que ha durado la tramitación y, ahora, en la recta final, aprovechando la huelga general de ayer, la presidenta Susana Díaz enumeró todo lo que la ley dice pero la Junta no piensa hacer: “No vamos a concertar más centros que segreguen por sexo, vamos a impartir Educación para la Ciudadanía [que la ley eliminará], vamos a mantener todos los programas de gratuidad [hasta ahora, cofinanciados por el Estado] y no vamos a aplicar el incremento de la ratio de alumnos”. ¿Puede cumplir todo esto? Es pronto para saberlo, porque no todos los artículos de la Lomce tendrán el mismo anclaje legal. Pero no deja de ser una clara declaración de intenciones. Todos esos propósitos se asientan sobre dos máximas: primero, que Andalucía aprovechará su margen competencial para “minimizar el impacto de la reforma” en su escuela, esto es, que todo lo que no sea ley básica de obligado cumplimiento, no se aplicará; y segundo, que los artículos de la ley Wert que violenten el Estatuto serán recurridos ante el Tribunal Constitucional. Este órdago, más los argumentos por los que Andalucía rechaza la Lomce, viajarán al Senado con el consejero de Educación, Luciano Alonso, el próximo martes. El Gobierno andaluz se ha unido al catalán al solicitar la convocatoria de la comisión de comunidades autónomas para que se frene la tramitación del texto y renegociar una ley “que suscita el rechazo de todos los partidos políticos, menos el PP, y de toda la comunidad educativa”. Díaz endureció ayer el discurso contra el presidente del Gobierno: “Rajoy tiene una hoja de ruta clara: desmontar la educación pública”, dijo, “lo que persigue la ley es la expulsión del sistema de los alumnos con más dificultades. Ésta es la solución más barata, pero también la más injusta”. PSOE e IU denuncian que la ley es “mercantilista y segregadora”. Están en contra de separar a los alumnos con más problemas de aprendizaje de los más avanzados, de las reválidas, de la Religión como asignatura evaluable, de subvencionar a centros exclusivos de niños y “de fomentar la especialización de los colegios según su tipología de alumnado”. La tercera huelga general de la enseñanza, con una incidencia del 90% del alumnado, según la Junta, no motivó un debate monográfico en el Parlamento. La intervención de Díaz en la sesión de control, a preguntas del PSOE, sirvió para remarcar su rechazo a la ley Wert y un guiño cómplice a los que se manifestaban en la calle. Algunos de los propósitos que enumeró Díaz para no aplicar la legislación no están en su mano, y de otros no se conocerá su viabilidad hasta que se apruebe. Por ejemplo, la ley blinda los conciertos en los colegios segregados. Los 12 centros andaluces con educación diferenciada mantienen el modelo acogiéndose a una ley que aún no está aprobada, y si pueden o no conservar las subvenciones es algo que tendrán que dirimir los juzgados. Pero cuando se apruebe la ley, si más escuelas segregadas solicitan el concierto, la Junta no podrá negárselo aludiendo a la “discriminación por sexo”, un criterio que estaba en la LOE, pero desaparece en la Lomce. Podría rechazarlo aludiendo a otras razones, como que no hay necesidades de escolarización en la zona. Tampoco se podrá seguir impartiendo Ciudadanía como asignatura obligatoria y evaluable, tal y como se hace ahora, aunque se podría crear una materia optativa. En cuanto a los programas de gratuidad (libros de texto, compensatoria, transporte escolar, comedores...) todo estaba subvencionado a medias con el Gobierno, y éste ha recortado sus fondos. Ahora, la Junta mantiene muchos de esos programas con recursos propios.

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