Díaz tacha de "barbaridad" que el presidente del Constitucional decida sobre cuestiones de la Junta

Por su parte, la consejera de Fomento, Elena Cortés, ha manifestado que su "imparcialidad" está "más que puesta en tela de juicio".

el 22 jul 2013 / 20:39 h.

susana-diazLa consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha insistido en que le parece "una barbaridad" que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, tras conocerse que ha militado en el PP, pueda "entrar en determinadas cuestiones" que tienen que ver con el Gobierno andaluz.   En declaraciones a los periodistas, Díaz ha recordado que ya decía la semana pasada que le parece "una barbaridad" que Pérez de los Cobos pueda intervenir en cuestiones que implican "diferencias ideológicas entre el Gobierno de España y el Gobierno andaluz", entre los que ha citado el recurso a la subasta de medicamentos o el decreto de función social de la vivienda.   La consejera no ha querido profundizar en el tema, remitiéndose al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, órgano en el que se tomará "cualquier decisión al respecto".   "SU IMPARCIALIDAD ESTÁ EN TELA DE JUICIO"   Sobre el mismo asunto la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha manifestado este lunes que la "imparcialidad" del presidente del Tribunal Constitucional está "más que puesta en tela de juicio" después de que se conociera la militancia de éste en el PP.   En declaraciones a los periodistas en Madrid, donde asiste a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Cortés ha señalado que la Junta de Andalucía está trabajando para que el TC levante la suspensión cautelar de cinco meses impuesta con la admisión a trámite del recurso de inconstitucional presentado por el Gobierno central contra el decreto andaluz antidesahucios.   Al hilo de ello, la consejera andaluza también se ha referido a la supuesta "imparcialidad" del máximo responsable del presidente del alto tribunal y ha aludido a su propia experiencia como militante de base de un partido. En ese sentido, ha manifestado que sabe lo que eso "significa" por lo que cree que la "imparcialidad" del máximo responsable del TC queda puesta en entredicho.   En lo que se refiere a la celebración de la sectorial, Cortés ha dicho que es "políticamente impresentable" que la misma no aborde el "drama" de los desahucios, por lo que ha adelantado que volverá a plantear a la ministra del ramo, Ana Pastor, que convoque una de carácter extraordinario para abordar la situación de las "casas sin gente y de la gente sin casas".   La responsable andaluza ha recordado que desde 2007 se han producido 700.000 desahucios, al tiempo que se "sigue sin abordar el problema" que supone los 3,4 millones de viviendas deshabitadas. "Lamentablemente, el Gobierno del PP sigue dando la espalda a este drama y a esta injusticia social que provoca desahucios y sigue sin aplicar la función social de la vivienda", ha criticado.   Cortés ha recordado la "prioridad" que para la Junta suponen las políticas de vivienda y hacer de Andalucía "un territorio libre de desahucios" y ha lamentado el recurso del Ejecutivo contra el decreto andaluz.   En ese sentido, ha calificado de "abusiva" la prerrogativa con la que el presidente del Gobierno plantea ante el TC la paralización de una normativa que es "plenamente constitucional" y ha indicado que lo hace "porque el decreto funciona, da respuestas a las demandas de la ciudadanía y porque hace ver que hay alternativas a la hora de enfocar las políticas de vivienda".   Por el contrario, el Gobierno del PP "sigue considerando la vivienda como un objeto de especulación y una mera mercancía", como a su juicio supone que sea el ministro de Economía, Luis de Guindos, y no la responsable de Vivienda, Ana Pastor, el que "habla de vivienda deshabitada".   DESAHUCIOS DE ALQUILER   Cortés también ha querido incidir en "otro problema" del que están comenzando a alertar las asociaciones que trabajan con los desahucios, los relacionados con los alquileres.   En ese sentido, ha criticado que la reforma de la ley arrendamientos urbanos contemple el "desahucio express" en 10 días desde que una familia no puede hacer frente al pago de alquiler y plantee una reducción de la duración del contrato de alquiler de tres a cinco años, "como si una familia pudiera dar estabilidad al desarrollo de su vida a través de un contrato temporal y parcial de alquiler", ha lamentado.  

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