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Andalucía inicia el ‘rescate’ del ladrillo reformulando sus normas urbanísticas

Centenares de municipios no han adaptado su plan de ordenación a la ley actual. Andalucía aún tiene suelo disponible para un millón de viviendas

el 28 ene 2014 / 20:06 h.

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La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, este martes en Marbella (Málaga). / EFE La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, este martes en Marbella (Málaga). / EFE La presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció solemnemente hace unos días su intención de “rescatar” el sector de la construcción, después de años “demonizado” como una de las bestias negras de la crisis, que ha engullido a 600.000 parados. ¿Cómo? Díaz concretó ayer el primer paso de su hoja de ruta: la Junta ultima un decreto para simplificar los trámites burocráticos necesarios para que un ayuntamiento apruebe su plan de ordenación urbanística, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los municipios. Para ponerse en marcha, los planes de ordenación necesitan informes favorables de distintas consejerías (Medio Ambiente, Agricultura...), “y a veces los alcaldes se ven desesperados por lo interminable de estos procedimientos”, explican fuentes del Ejecutivo andaluz. Aunque la iniciativa urbanística corresponde a los ayuntamientos, la Junta tiene potestad para impulsar los planeamientos. A veces, para ahorrar tiempo, técnicos de la consejería competente acuden al consistorio para revisar el plan general y hacerle las pertinentes correcciones antes de que el pleno municipal lo apruebe. Así se evita que la Junta tenga que devolver el documento al alcalde por defectos técnicos. Esta situación, entre otras, paraliza el desarrollo de los municipios. “Es necesario que las comisiones provinciales de coordinación urbanística simplifiquen, integren y armonicen esos informes preceptivos que se tienen que emitir por parte de la Administración andaluza”, dijo ayer Díaz, al anunciar un decreto que llegará al Consejo de Gobierno en febrero. La Junta está analizando diversas normas urbanísticas, incluida la LOUA (aprobada en 2002, en pleno boom inmobiliario), para “facilitar las iniciativas que busquen el desarrollo del territorio, siempre desde el respeto a la sostenibilidad”. En este momento, Andalucía tiene suelo disponible para construir más de un millón de viviendas pero para hacerlo, los municipios deben tener adaptados sus PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y todavía son muchos los ayuntamientos que no lo han hecho. La Consejería de Medio Ambiente, que ahora gestiona las competencias sobre Ordenación del Territorio, no disponía ayer de datos actualizados. Los últimos datan de hace justo un año. En enero de 2013, 459 consistorios (el 60% del total pero donde vive el 86% de la población andaluza) habían ajustado total o parcialmente su planeamiento a la ley. Muchos otros seguían sin contar con plan urbanístico (planeamiento de desarrollo, proyecto de ejecución y edificación). En algunos de ellos, la ausencia de un PGOU favoreció los desmanes del ladrillo, de ahí que dotarlos de planeamiento sea clave para frenar las construcciones ilegales. Los procedimientos de adaptación a la LOUA dejaron patente que los ayuntamientos tienen suelo disponible para construir, al menos, un millón de viviendas, de las que 285.000 serían protegidas. Las provincias con más bolsas de suelo disponible son Sevilla, que cuenta con terreno para hacer 280.000 pisos, Cádiz 185.000 y Málaga 180.000. Aunque Díaz no mencionó ayer la construcción de pisos –la presidenta aboga ahora por un modelo más sostenible, lejos de la especulación– los planes de ordenación apuntan a la expansión del núcleo urbano. No fue casual que la presidenta decidiera hacer este anuncio en Marbella, símbolo de la corrupción y especulación urbanística durante los 15 años de la etapa del GIL. El anuncio tuvo lugar durante la presentación de las jornadas La Costa del Sol: hacia un nuevo modelo territorial, organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía. “Estamos en un momento distinto y hay que revisar nuestras normas y hacerlas compatibles con el desarrollo económico de Andalucía y con el respeto al patrimonio natural”, dijo. Este mes se cumplen siete años desde que acabó el plazo para que los pueblos andaluces adaptaran sus PGOU a la LOUA. A enero de 2013, el balance es que 126 municipios cuentan con un plan general ajustado a la LOUA y otros 308 han optado por adaptaciones parciales. La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP, Alicia Martínez, recordó ayer que es la “enésima vez que la Junta promete agilizar los trámites urbanísticos” sin que, hasta la fecha, se haya obtenido ningún resultado, como evidencia que el tiempo medio que tarda una capital en poner en marcha un nuevo PGOU sea de “7 a 10 años”. Se alquila, otra vez Tres años después de presupuestarlo por primera vez (en aquella ocasión el precio era el doble), el Consejo de Gobierno autorizó ayer a la Consejería de Hacienda la enajenación de 75 inmuebles de la Junta para alquilar su uso a largo plazo. La operación, mediante la fórmula de alquiler con retorno o ‘Sale & leaseback’, permitirá conseguir ingresos con cargo al presente presupuesto por 300 millones. En conjunto los edificios ocupan 266.000 metros cuadrados de superficie. En 2011, la primera vez que la Junta lo intentó sin éxito, eran 76 inmuebles, con  300.000 metros de superficie, por el doble del precio que se anunció ayer. El portavoz de la Junta auguró que ahora tendrán éxito porque las condiciones del mercado inmobiliario son mejores. Hacienda anunció que esta vez sí, la operación se cerraría en el primer trimestre del año.

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