Sevilla se preparaba para despedir 1998 y recibir el nuevo año. Todo se paralizó a las cuatro de la tarde, cuando el muro del Bazar España se derrumbaba sepultando a cinco personas, cuatro morían en el acto. Las campanadas no resonaron igual para Sevilla.
El día había despertado negro, como presagiando que la tragedia que horas más tarde provocaría el fuerte viento que sopló toda la jornada. Eran las cuatro de la tarde, a sólo ocho horas de que terminara 1998, cuando el reloj de la ciudad se paró por el derrumbe del muro del Bazar España en la avenida de Miraflores.
Cinco personas quedaban aplastadas bajo el muro, cuando esperaban en una parada para tomar la línea 12 o la 73, pero nunca llegaron a su destino. Irene Moreno, Encarnación Ramírez, María Pruaño, Tomás Carroza y Ana María Barroso, que sólo tenía 17 años y que pasaba por allí cuando el viento desplomó sobre ellos el peso de un muro de 20 metros de largo y seis de alto. La joven fue la única que se encontró con vida, aunque esa misma noche fallecía en el Hospital Virgen del Rocío. Las otras cuatro víctimas fueron rescatadas sin vida por los efectivos de Bomberos, uno de los cuales hallaba a su esposa (Encarnación) entre los restos del muro.
Comenzaba la lucha para las familias para sentar a siete imputados en el banquillo, pese a que la Fiscalía creía que no había delito. Finalmente, y poco antes del juicio previsto para el 12 de febrero de 2003, las familias aceptaron una indemnización de 270.455 euros para cada uno de ellos. Días después, el entonces desconocido Rafael Tirado dictaba sentencia absolutoria para los imputados.
A esta indemnización se sumaron otros 75.126 euros que ofreció el Ayuntamiento en concepto de ayuda solidaria, que a la vuelta de los años se ha tornado "engañosa" para las familias. La madre de Ana María, Ana Albarrán, explicaba ayer a Europa Press que Hacienda les reclama 43.000 euros de esa ayuda por impuestos impagados, pese a que el Consistorio les aseguró que "estaba libre de cargo".
Hacienda les reclamó hace tres años 18.000 euros y ahora, tras un litigio perdido, les reclama la demora. Albarrán afirma que no puede pagar y teme que le embarguen la casa, por eso ha puesto una demanda en los tribunales. Ella asegura que si la desalojan se instalará ante el Ayuntamiento, a lo que añadió que no quiere "caridad ni una subvención por la muerte de mi hija". Como cada año desde 1998, hoy no festejará la Nochevieja, que ya siempre será amarga.
