La batalla contra el urbanismo ilegal en la provincia de Cádiz toma cada vez más fuerza. La construcción irregular de ocho viviendas en diez parcelas de Conil llegará a los juzgados después de una investigación de la Policia Autonómica que se ha saldado con diez imputados, entre los que hay promotores y constructores de esos mismos terrenos.
El caso se inició a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia Provincial. A raíz de esta solicitud, los agentes comenzaron su actuación en el paso conocido como Quinta de las Pamplinas, en el Camino de la Vigía, donde se localiza una finca dividida en diez parcelas y separada con muros y mallas metálicas. En estos terrenos hay viviendas aparentemente terminadas, otras en obras y zonas sin ningún tipo de construcción.
Estas edificaciones se han levantado sobre suelo clasificado como no urbanizable de especial protección y de interés agrícola. Aunque se precisa licencia municipal para iniciar estos trabajos de construcción, en ninguno de estos casos se contaba con permisos del Ayuntamiento conileño.
Las primeras pesquisas apuntan a que algunas de las 10 parcelaciones fueron a su vez subdivididas y otras revendidas, por lo que se incumplió la normativa de ordenación urbanística. "No se trata del caso del especulador que compra unos terrenos y luego los divide y los vende a distintas parcelas. Es la situación de alguien que ha vendido una parcela indivisible a varias personas, que luego han dividido su participación y han edificado en ellas", señaló ayer el edil de Urbanismo, Antonio Alba, aclarando que las construcciones se realizaron en tiempos diferentes.
Los imputados se enfrentan a dos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro por no respetar la normativa relacionada con terrenos indivisibles. "Si el juez entiende que hay indicios debería decidir si se ha producido una parcelación y si se ha construido de forma irregular", explicó el edil, quien añadió que es "difícil" delimitar la irregularidad en la partición de los suelos porque se realizó de forma gradual.
La Policía utilizó los informes realizados por el Consistorio sobre estos hechos, que suponen además una infracción administrativa. Los agentes aclararon que en todos los inmuebles ya se había incoado un expediente sancionador, aunque ninguno de ellos había concluido. A estas pruebas se ha sumado el cotejo de las orografías que reproducen el estado de los terrenos en 2004, 2005 y 2007. Estas imágenes se han incluido al atestado policial. Una vez que fueron identificados los promotores y constructores de las viviendas, se dio cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz de las presuntas prácticas delictivas que deberán dirimirse a partir de ahora en los juzgados.
