El instructor tomó ayer declaración a cuatro de los cinco nuevos imputados en este caso, en concreto D.M.F.D., M.L.F., y J.J.L.F., a los que se le imputa blanqueo de capitales, falsedad en documento y contra la ordenación del territorio; y a I.M.C., imputado sólo por blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.
Además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha ampliado la declaración de López -que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona (PES) durante el pacto de gobierno con el PSOE entre 2003 y 2007-, a quien se le han imputado los delitos de falsedad en documento y contra la ordenación del territorio. López ya estaba procesado en la causa por los delitos de cohecho y malversación.
La tesis del instructor del caso, Jesús Torres, es que el dinero localizado en Andorra sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de Estepona. El dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades del país vecino. Durante los registros realizados en esta operación, también se intervinieron varios vehículos de alta gama.
Días atrás, el juez Torres ya prorrogó hasta ayer el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación. De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.
El caso Astapa suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos -el único que permanece encarcelado-, y ocho concejales de la corporación municipal: cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona -estos dos partidos eran socios de Gobierno- y un ex miembro del PA.
Malaya. La Audiencia de Málaga ha confirmado el procesamiento del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, de la empresaria Sandra Von Bismark, y de dos letrados por un presunto delito de blanqueo de capital con relación a una operación urbanística de compraventa de una parcela, investigada dentro del caso Malaya. La Audiencia ha desestimado así los recursos de apelación de los imputados.
