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Dimite el dirigente de Baeza que se 'coló' en el ERE de Mercasevilla

Empleo no aclara por qué se incluyó a Garrido en el pago de la prejubilación.

el 17 nov 2010 / 20:25 h.

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La Junta y el PSOE esperaron ayer hasta el final de la tarde para mover ficha ante las nuevas irregularidades registradas en Mercasevilla: la inclusión del responsable de política municipal del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007 como uno de los trabajadores que se acogió al mismo -por lo que cobró casi 100.000 euros- aunque nunca trabajó para la empresa, como admitió Mercasevilla y el propio Garrido. Pasadas las 20.00 horas, la Consejería de Empleo enviaba un comunicado en el que, sin aclarar nada, pide que la Justicia "llegue hasta el final" y, una hora más tarde, Garrido dejaba su cargo. El día anterior, defendió que no cobró nada y que no tenía "ni idea" de cómo había llegado su nombre a Mercasevilla.

Garrido, miembro de la Ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén), renunció a su cargo y puso su carné de militante a disposición de partido "hasta tanto sean aclarados los hechos".

Por su parte, la Consejería de Empleo dejó todo en manos de la Justicia y eludió dar explicaciones sobre las nuevas irregularidades en Mercasevilla denunciadas por el PP. En primer lugar, Empleo aseguró que envió el pasado mes de junio al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla toda la documentación referente al ERE de 2007 de Mercasevilla y reiteró su disposición a colaborar "plenamente" con la instrucción del caso.

El segundo punto del comunicado dice que la consejería manifiesta su interés en que la investigación "llegue hasta el final y se depuren todas las responsabilidades posibles que en su caso pudieran determinar los jueces". Por último, la Junta reitera "una vez más" que no tiene "ningún compromiso administrativo para el pago de prejubilaciones en Mercasevilla con respecto al Expediente de Regulación de Empleo de 2007".

La plantilla de Mercasevilla, mientras tanto, mostró ayer su "indignación y enfado". Los representantes de los trabajadores anunciaron que sus abogados ya estudian la situación. "El presidente de la Junta tiene que investigar y depurar responsabilidades. No entendemos cómo la Consejería de Empleo autoriza una póliza que no aparece en el expediente de regulación de empleo, cuando es la que debe verificar y controlar ese aspecto", manifestó ayer el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez. A su juicio, "no se entiende" esta situación cuando la solución de las prejubilaciones está en manos de la Junta. Por todo ello, los prejubilados seguirán con sus movilizaciones.

El Ayuntamiento, por su parte, tampoco quiso valorar la situación. Sólo el portavoz del PSOE en el Consistorio, Alberto Moriña, mostró su "sorpresa" sin profundizar más al considerar que la causa judicial sigue abierta. Sí subrayó que Garrido dijo que no cobró ni un euro.

En contra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, tildó de "gravísima" e "indignante" la inclusión de un miembro del PSOE de Baeza en las prejubilaciones. A su juicio, este asunto no tiene "parangón", porque los 40 prejubilados no consiguen que sus prestaciones sean reconocidas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, cuyo coste supera los nueve millones de euros, principal losa económica de la sociedad.

Zoido lamentó el "silencio" del Gobierno municipal y de la Administración autonómica, sobre todo porque los documentos atribuyen a Garrido Santoyo, entre 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2009, un "importe mensual en concepto de complemento salarial" de 5.876,22 euros. "Nadie ha dado una explicación satisfactoria", advirtió el portavoz del PP, para quien este caso prueba que el intento de cobro de comisiones ilegales investigado en la compañía no fue "un hecho aislado".

El caso de Garrido, a juicio de Zoido, demuestra que la sociedad mixta ha sufrido una "situación generalizada de irregularidades".

Garrido, según el PP, es "íntimo amigo" de Juan Lanzas, el ex sindicalista jiennense vinculado al posible intento de cobro de comisiones protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.

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