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Diputados y alcaldes se bajan el sueldo tras dos años de crisis

El recorte también afectará a los senadores y a los jueces del CGPJ y del TC.

el 25 may 2010 / 11:47 h.

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El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Tras dos años de crisis, y a pesar de que España acaba de salir de la recesión, los cargos públicos han decidido bajarse el sueldo. La Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó ayer, por unanimidad, una rebaja del sueldo de los alcaldes y cargos electos en función de la retribución que reciben y en sintonía con el decreto del Gobierno que sitúa esta reducción entre el 15% y el 0,25.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, informó de que los alcaldes con sueldos similares al presidente del Gobierno y ministro experimentarían una rebaja salarial del 15%; la reducción en sueldos equivalentes a secretarios de Estado sería del 10%, y del 9 para salarios equivalentes a subsecretarios de la Administración General y así sucesivamente hasta la rebaja mínima del 0,25%. Castro precisó que la reducción será efectiva en la nómina del mes de junio y en el 2011 los salarios quedarán congelados.
Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad recortar un 10% el sueldo base de todos los diputados, a lo que hay que unir un recorte gradual de los complementos que, en el caso del que disfruta el presidente de la Cámara, José Bono, sube hasta el 15%, según avanzó el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso. El mismo esquema se aplicará en el Senado.

La decisión fue auspiciada por el recorte de sueldos de los altos cargos contenido en el decreto ley de medidas para reducir el gasto público. Según los planes comentados en la Junta de Portavoces, la asignación básica que reciben todos los diputados, fijada desde 2008 en 3.126,52 euros al mes, se reducirá un 10%, lo que les supondrá percibir desde junio 312,65 euros menos al mes.

Además, los complementos en razón del cargo que los diputados ocupan en la Cámara se reducirán también proporcionalmente. El mayor recorte se producirá en el complemento más elevado, el que disfruta el presidente del Congreso, José Bono, que es de 3.605,38 euros mensuales y al que se aplicará 540,8 euros menos mensualmente. Esa gradación se traslada a los demás complementos (miembros de Mesa, portavoces y adjuntos).

En el ámbito judicial, también se apretarán el cinturón. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, tiene previsto comunicar en los próximos días al Ministerio de Economía y Hacienda la rebaja que aplicará a los sueldos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Aunque no se ha determinado el importe de la rebaja salarial, fuentes del CGPJ estimaron que se podría situar entre un 8 y un 10% de la retribución bruta de los 20 vocales, fijada en torno a los 125.000 euros anuales (unos 6.300 euros netos mensuales además del coche oficial, secretaria particular y escolta).
La disposición adicional primera del decreto ley establece que los presidentes del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas comunicarán al Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de 15 días desde su publicación la reducción a aplicar a las retribuciones de los miembros de estos órganos. Esta reducción salarial podría ser tratada en la Comisión Permanente que el CGPJ celebrará el próximo martes, ya que en la reunión que mantuvo ayer no se abordó este asunto.

Constitucional. Por su parte, el Tribunal Constitucional celebrará un Pleno gubernativo a finales de esta semana o principios de la siguiente para estudiar una reducción del sueldo de sus magistrados. Las retribuciones actuales oscilan desde los 146.342 euros brutos anuales que cobra su presidenta María Emilia Casas, a los 138.114 euros asignados al vicepresidente Guillermo Jiménez y los 125.502 que se embolsan los otros magistrados.
En la misma dinámica de ahorro se enmarcan otros anuncios realizados ayer, como que el Gobierno canario reducirá tres o cuatro consejerías y procederá a disminuir las empresas públicas entre un 30 y 40% en 2011.

También el consejero de Economía de Baleares, Carles Manera, aseguró que el presidente de su Comunidad, Francesc Antich, se está planteando reducir el número de consejerías.

Mientras tanto, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, informó de que su grupo está preparando una propuesta para reducir en un 15% las retribuciones y asignaciones complementarias de los diputados y las aportaciones que reciben los grupos parlamentarios. Los populares calculan que la medida supondrá un ahorro para la Cámara de cerca de un millón de euros. Blasco señaló que su grupo está trabajando en una propuesta que se completará "en los próximos días".

Sin embargo, hubo otras posturas discrepantes. Así, el Ayuntamiento madrileño de Rivas, gobernado por IU, avanzó que no tiene intención de aplicar el decreto de rebaja salarial a sus empleados públicos.
los ministerios. En estas circunstancias, la Mesa del Congreso acordó ayer poner fin a las prórrogas de presentación de enmiendas a la proposición de ley que pretende reducir el tamaño del Gobierno y eliminar Ministerios. Se trata de una proposición de ley que fue presentada por el PNV y que el Pleno del Congreso tomó en consideración a finales de octubre pese al voto en contra del PSOE, que perdió la votación. Desde entonces se han ido prorrogando semanalmente los plazos de presentación de enmiendas pero ayer se decidió desbloquear la tramitación.

Mientras tanto, Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya (ICV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) aprovecharon ayer esta bajada generalizada de sueldos para sostener que el recorte que se aplicará a las retribuciones de los altos cargos deberían aplicarse también a la partida destinada a la Casa del Rey. Como consecuencia de la crisis económica, la Casa del Rey pidió expresamente que se congelara su asignación constitucional para 2010, fijada en 8,9 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
Las tres formaciones reiteraron que la salida de la crisis económica no está en la restricción del gasto público, si bien entienden que "lo lógico" sería que, en un escenario de reducción de los sueldos públicos, el jefe del Estado también viera menguados sus ingresos.


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