"Todo niño tiene derecho a crecer en una familia, que es su contexto natural". Bajo esta premisa, 34 familias andaluzas están en guardia 24 horas al día por si un bebé en desamparo las necesita. Evitan que pase sus primeros meses de vida en un centro mientras se busca una solución definitiva.
Manuel y Rosa forman una de estas familias acogedoras de urgencia. Participante en el programa desde que comenzó, en 1997. "Entonces éramos casi los únicos", recuerda Manuel. Hoy son ya 34 las familias permanentemente disponibles para atender de manera inmediata a niños en desamparo. Este matrimonio, con un hijo biológico de 24 años, ya ha ayudado en estos años a once pequeños. Al último -que asiste a la entrevista dormido en su carrito- lo acogieron con una semana de vida y lleva 17 meses con ellos. Es un caso excepcional porque se intenta que la situación dure lo menos posible, de seis a nueve meses como máximo.
Cuando empezaron, tardaron dos años en acoger al primer niño pero ahora llevan cuatro años sin descansar. "¿Cómo nos vamos a ir de vacaciones sabiendo que hay niños que nos necesitan?", dicen. María Ángeles Miguez, coordinadora del programa en la Fundación Márgenes y Vínculos lanza un llamamiento: "Necesitamos más familias, para que éstas que llevan tantos años puedan descansar. Aunque ellos nunca se quejan, no hay que quemarlas".
Ésta es una de las modalidades de acogimiento de menores sin vocación adoptiva que desarrolla la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Desde su creación ha atendido a 138 niños, sólo en Sevilla y Cádiz y gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos. Ahora, la Junta lo ha extendido al resto de provincias.
El programa está dirigido a menores de 0 a 7 años -aunque se prioriza a los más pequeños- abandonados o a cuyos padres se les ha retirado la tutela por diversa circunstancias. Las familias sustituyen a los centros a los que irían mientras se resuelve su situación. Se comprometen a estar siempre disponibles y a aceptar al pequeño aunque presente necesidades especiales. La Junta les concede una ayuda de 600 euros mensuales para atender al niño.
Miguez tiene claras las ventajas para los menores: "Los centros son necesarios y hacen una labor extraordinaria pero la protección exclusiva que ofrece una familia no se puede sustituir. Los primeros meses de vida son fundamentales y un niño no tiene que estar institucionalizado, su contexto ideal es la familia. Los niños que pasan de una familia de urgencia a la definitiva no tienen ninguna secuela por el abandono que han sufrido, porque ya han adquirido confianza, seguridad y capacidad de establecer vínculos afectivos. Es más insano crecer sin apegos que cambiar las personas a las que se apegan".
Satisfacción de ser útil. Manuel y Rosa están cansados de escuchar "yo no podría hacerlo porque me encariñaría demasiado para que luego me lo quitaran". Consideran que eso es egoísmo. "Por no pasar un mal rato, el que lo pasa mal es el niño. Nosotros nos encariñamos más que nadie, pero no pensamos que nos lo van a quitar porque nunca ha sido nuestro. Evitamos que vaya a un centro, dándole una vida normal y cuando lo entregamos a su familia definitiva, sabemos que tiene la vida resuelta y tenemos la satisfacción de ser útil, haberle ayudado ese tiempo, y a la vez disfrutado de un regalo, porque ellos nos dan más a nosotros", razonan ambos. Saben que cuanto más pequeño es el niño y menos tiempo pase con ellos, mejor "porque tú estás concienciado pero él no sabe que se tiene que ir".
El tránsito debe ser natural. "Muchas familias quieren llevárselo el primer día y hay que frenarlos, es el niño el que marca el ritmo y debe verlo como una continuidad", afirma Rosa. Ella es consciente de que una vez que el niño es entregado a sus padres definitivos "termina nuestra labor y no tienen por qué agradecernos nada ni darnos información, aunque algunas de vez en cuando nos cuentan cómo están".
Aunque el programa está abierto a matrimonios, parejas de hecho, personas solas y parejas homosexuales, la mayoría son matrimonios, entre 30 y 50 años y con hijos. Los solicitantes son analizados por psicólogos y trabajadores sociales, reciben formación específica, deben acreditar su situación legal, económica y médica y se descarta a las personas con interés por adoptar.
La Fundación hace un informe pero es la Consejería de Igualdad la que decreta su idoneidad. Los trámites suelen durar cuatro meses. Se exige disponibilidad de tiempo y que todos los miembros de la unidad familiar estén de acuerdo. Pero sobre todo "buscamos personas afectivas, sanas a nivel emocional y psicológico, que adquieran un compromiso", subraya Miguez.
