Hay hechos triviales que provocan reacciones inexplicablemente histéricas y circunstancias escandalosas que sólo hacen bostezar a los mismos predispuestos a encolerizarse e impulsar manifiestos a la más mínima. Lo que aparece como un comportamiento paradójico suele mostrar su (perversa) ligazón ideológica a poca atención que se preste. Primero los datos sistemáticos y aplastantes. El más reciente trabajo que estudia las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el mercado laboral español, de Carlos Gradín y Coral del Río en el Instituto de Estudios Fiscales, analiza la evolución de ese diferencial entre 1995 y 2002. En una práctica habitual, complementan esta información con un interesante procedimiento para cuantificar qué parte de ese diferencial salarial se debe a motivos discriminatorios, es decir, no explicables por razones de productividad: ni de los puestos de trabajo ni por la cualificación de quienes los ocupan.
Sus resultados muestran que, si bien se produjo una reducción significativa de la brecha salarial entre mujeres y hombres (en 1995 una mujer obtenía en promedio un 73,6 por ciento del salario por hora de un hombre frente a un 77,3 por ciento en 2002), este recorte parece atribuible esencialmente al notable incremento de universitarias (pasan del 11,2 al 20,4 por ciento mientras que los hombres sólo pasaron del 10,8 al 13,1 por ciento).
No obstante, el componente puramente discriminatorio empeora. Como explican muy gráficamente los autores, si en 2002 la distribución por niveles educativos de hombres y mujeres fuese la misma que en 1995, alterándose únicamente los salarios medios de cada grupo educativo, el ratio entre salarios femeninos y masculinos al final del periodo bajaría hasta el 72,3 por ciento.
En definitiva, que los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral español son lentos, parciales y dudosos. Más aún, que la discriminación por razón de género está institucionalizada, con independencia de lo que pueda proclamar la Constitución de 1978 (art. 14), y que, según las voces más autorizadas, este estado de cosas tenderá a perpetuarse a menos que desde diversos frentes, y sin duda a través de las políticas públicas, se alienten y aceleren cambios en el entorno cultural que segrega esta discriminación.
En este contexto, puede parecer perfectamente fuera de lugar tanto la desmesurada reacción de la carcunda y de sus compañeros de viaje ante las tímidas objeciones y propuestas en materia lingüística de la ministra de Igualdad (por otro lado, plenamente ajustadas al discurso que se supone debe emanar de ese departamento), como el silencio e indiferencia de estos mismos frente a las ideas que pudiera tener en agenda para mitigar la postergación laboral femenina.
Pero no hay tal incoherencia. La misma existencia del ministerio de Igualdad fue desde el comienzo registrada por los centinelas conservadores como una acción hostil porque, como mínimo, amenaza con poner en primer plano problemas cuya existencia se caracterizan por negar. Por esto, el amplio surtido de ataques dirigido a la ministra debe interpretarse, en esencia, como una reacción defensiva y de llamada al orden frente a ulteriores reformas que puedan obligar a postularse sobre materias sensibles -basta con ver los datos- a quienes jamás les han dedicado a ellas un pensamiento.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
