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Don funcionario (el de arriba)

el 17 oct 2011 / 20:34 h.

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Se acerca un exalto cargo, o exaltísimo cargo para más señas, a un corrillo de periodistas, un confesionario siempre proclive tanto a las intoxicaciones como a las verdades políticamente incorrectas que, quizás por cobardía, prefieren no lanzarse en las ruedas de prensa. Desembucha el también expolítico que buena parte de la culpa -aunque el mea, que conste, también lo entona- de las trabas burocráticas y de la complejidad administrativa soportadas por las empresas y que dificultan, pues, su actividad se debe al funcionario de turno que se arroga el derecho, porque se lo arroga, de emitir su propio informe y, en no pocas ocasiones, con su personal criterio, sobre cualquier proyecto que cae sobre su mesa e, incluso, sobre la mesa del compañero, trae para acá, que quiero opinar y garabatear mi firma. No se estaba refiriendo el prócer, por supuesto, al funcionario currito, ése que conforma mayorías, sino a quienes, escala superior, han sembrado su pequeñita parcela de poder, de aquí no me mueven, pequeñita pero cuyo peaje es lo suficientemente indispensable como para hacer la jodienda.


Merece credibilidad plena tal comentario al ser pronunciado por un hombre clave en la historia de la autonomía andaluza y, por tanto, para la maraña administrativa que la acompaña. Sus palabras, además, avalan los lamentos de Santiago Herrero, presidente de la patronal regional, cuando dice encontrar "voluntad política" para simplificar los múltiples trámites que atenazan a las empresas aunque, a la hora de la verdad, los proyectos se enredan en la hojarasca burocrática y en unos funcionarios que, en no pocas ocasiones, interpretan las normas, en especial las relacionadas con el medio ambiente, según les dicta "su corazón".

No por tener razón dejaba de admitir un gravísimo error ese exalto cargo de la Junta de Andalucía. ¿Quiénes han permitido y, a estas alturas, aún permiten que este todopoderoso funcionario haga y deshaga a su libre albedrío dentro del que considera su coto vedado al prójimo, aquí ni entres, y no sea, pues, metido en cintura? La respuesta no puede ser otra que los máximos responsables de las administraciones públicas, estatal, autonómica, provincial y local, y por dos motivos muy evidentes: primero, por dejación de funciones, dado que son plenamente conscientes de la existencia -a perpetuidad- de un celo administrativo no autorizado que obstaculiza el desarrollo empresarial; y segundo, porque son ellos mismos los que impulsan y conciben leyes, decretos u órdenes que regulan tanto las materias como la actividad y el funcionamiento internos de los distintos departamentos administrativos, de ahí que se impone la necesaria claridad y transparencia para no dejar margen alguno a interpretaciones personales ni, por supuesto, sentimentales.


La lentitud, que exaspera, la complejidad, que enreda, y la incongruencia, que sorprende y conduce al hartazgo, afloran sobre todo cuando los proyectos empresariales han de pasar las cribas de las normas urbanísticas y medioambientales, con informes y contrainformes y exigencias después modificadas o complementadas que se comen años y años, e incluso décadas, de espera, ahí quedan como ejemplo pasado el complejo minero sevillano Cobre Las Cruces y como ejemplo presente y aún no ejecutado -a saber cuándo- el dragado del cauce del río Guadalquivir.

No se trata, ni muchísimo menos, de restarle ni un ápice de rigurosidad a la aplicación de las normas, pero el entorno económico actual, marcado por una larga crisis de cuya salida no se atisban noticias, impone el sentido común de agilizar lo máximo posible la tramitación de los proyectos empresariales, decirles sí o no cuanto antes, para que los esfuerzos -y el dinero- no se pierdan por el camino. De hecho, no estaría mal que se concibiera la figura del cicerone administrativo que condujera al empresario por la tela de araña de la burocracia y lo acompañara hasta la ventanilla oportuna. Escudarse en el funcionario no me vale como argumento. En absoluto. Primero, si hay constancia de exceso de celo e incluso de abuso, su inmediato jefe debe exigirle responsabilidades y, en última instancia, el alcalde si se trata de un ayuntamiento, el presidente si es diputación, el consejero si es consejería, el ministro si es ministerio.

¿No ocurre así en la empresa privada? Segundo, no sólo existe la parcela de poder del funcionario, también los muros que levantan las administraciones territoriales, cuya coordinación es perentoria. Y tercero, la crisis está revelando, más que nunca, que hace falta mucha gestión y no tanta política. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la connivencia de unos y otros y a la muerte de compañías, sea ésta prematura, sea por inanición.

http://blogs.elcorreoweb.es/lasiega/

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