Doñana ha abierto una nueva brecha entre el Gobierno central y el andaluz sobre las competencias medioambientales y la gestión del Parque Nacional.
Una disparidad de criterios que estaba latente desde que se aprobó la Ley de Costas (1988), que permite al Estado expropiar (o deslindar) más de 10.000 kilómetros de litoral español -considerados bienes públicos- y dotarles del mayor blindaje medioambiental del país. Parte de esa zona costera son las 9.200 hectáreas de dunas de Doñana que el Gobierno declarará dominio público marítimo-terrestre, según adelantó ayer El País.
El deslinde es el mayor que se ha acometido en el litoral español, porque no se limita a proteger la línea de playa -35 kilómetros desde Matalascañas (Huelva) a la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)-, sino que cubre hasta 4,8 kilómetros tierra adentro, metiéndose de lleno en el parque.
La Junta respondió ayer a la noticia con descontento y mostrando su "discrepancia" con la decisión del ministerio de Medio Ambiente sobre la superficie expropiada de Doñana. La consejería que dirige José Juan Díaz Trillo señaló en un comunicado que "no comparte la decisión del ministerio de aprobar el deslinde del tramo de costa correspondiente a Doñana en los términos que se han planteado".
El deslinde es una figura que sobreprotege la zona de dunas más de lo que ya lo estaba con la declaración ambiental de la Junta, incluso contra posibles decisiones del Gobierno andaluz acerca del uso que se le da a esa zona. Está pendiente, por ejemplo, la idea de unir los municipios de Almonte (Huelva) y Sanlúcar (Cádiz) con una carretera para todoterrenos, que justo atravesaría esa zona. La urbanización, por contra, no entraría en esta hipótesis porque la ley lo descarta de plano.
El ministerio explicó ayer a este periódico que "en el caso de Doñana, el deslinde refuerza la amplia protección de que ya gozaba al amparo del régimen jurídico que lo protege como Parque Nacional y como Espacio Natural". En este punto coincidió con los grupos ecologistas, que aplaudieron la decisión del Gobierno central. La consejería, en cambio, matizó que el deslinde no era necesario en términos ambientales: "El Gobierno andaluz entiende que la costa de Doñana goza ya del mayor grado de protección que un territorio puede alcanzar en España y en Andalucía".
El departamento de Díaz Trillo sostiene que la disparidad de criterios con el ministerio es "puramente formal", porque en el fondo ambas administraciones quieren preservar Doñana. Pero también se mostró abiertamente contrario a "la interpretación al pie de la letra de la Ley de Costas", que señala que "todas las dunas son dominio público marítimo-terrestre". Las arenas que forman las dunas en Doñana fueron arrastradas por el mar hasta muy entrado el parque, y los límites del deslinde están justo donde llegaron esas arenas.
En diciembre de 2007, la Junta ya presentó alegaciones contra los planes del Gobierno de deslindar parte de las marismas de Doñana en aplicación de la Ley de Costas. El deslinde está sólo pendiente de su publicación en el BOE, pero la conseje ría sigue proponiendo un recorte de superficie alternativo, considerablemente menor al del Gobierno, que ocuparía la flecha de Doñana, desde el extremo sur de Matalascañas hasta el límite sur de la marisma del paraje (hacia el interior sólo llegaría hasta la primera línea de dunas).
Competencias. De la disparidad de criterios se ha desprendido el otro elemento de fricción entre la Junta y el Gobierno. El ministerio y la consejería emitieron ayer sendos comunicados para dejar claro que el deslinde no afecta "a las competencias de la Junta de Andalucía sobre protección de espacios protegidos". El ministerio recordó que el Tribunal Constitucional avala la gestión de la Junta sobre el parque y recordó la sentencia de 1991, que establece que "la titularidad del dominio público no es en sí mismo un criterio de delimitación competencial y, en consecuencia, no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que corresponden a otros entes públicos".
Los ecologistas aplauden que el Ministerio “refuerce la protección”
Los grupos ecologistas aplauieron al unísono la decisión del Ministerio de Medio Ambiente. WWF consideró “positivo” el deslinde porque “refuerza la protección” del enclave natural, pero apostó por la ampliación hasta la franja del espacio incluido en la provincia de Sevilla. “El deslinde supone una garantía de protección, porque va a limitar mucho más los nuevos usos y actividades que se planteen en la zona, a los que Costas, más conservacionista que la Junta, tendrá que dar su visto bueno”, subrayó Felipe Fuentelsaz, técnico de WWF. Ecologistas en Acción calificó de “positiva” la decisión del Ministerio y ha pedido que se extienda a todo el litoral. El portavoz en Doñana, Juan Romero, precisó que la medida no es más que “proteger lo protegido, viene, en definitiva, a reforzar la protección”, aunque destacó que “entienda la playa como un ecosistema, como un todo integrado”.
