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¿Dónde está Marta?

No parece que el caso de Marta del Castillo vaya a resolverse pronto. Puede que su cuerpo ni siquiera llegue nunca a encontrarse. Ninguna de las historias sobre su paradero elaboradas por los acusados de estar involucrados en su desaparición y muerte ha resultado ser cierta.

el 16 sep 2009 / 02:09 h.

No parece que el caso de Marta del Castillo vaya a resolverse pronto. Puede que su cuerpo ni siquiera llegue nunca a encontrarse. Ninguna de las historias sobre su paradero elaboradas por los acusados de estar involucrados en su desaparición y muerte ha resultado ser cierta. ¿Qué podría impulsarles a obsequiarnos con una nueva versión de los hechos que sí lo sea? Mientras, la opinión pública se desfoga debatiendo la introducción de la cadena perpetua en nuestro ordenamiento jurídico. La cadena perpetua no es, sin embargo, una solución para casos como el de Marta. No lo es, ante todo, porque es incompatible con el artículo 25.2 de la Constitución, que obliga a orientar las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social de los condenados. Su introducción requeriría una reforma constitucional, reforma posible, pero altamente improbable. Y no lo es porque, aun suponiendo que la cadena perpetua lograse amortiguar el dolor de familiares y la conmoción de la sociedad, es también harto improbable que consiguiera reducir el número de asesinatos como el de Marta.

El caso de Marta debería alertarnos sobre la conveniencia de otra reforma más operativa y más fácil de articular, como es la redefinición de los derechos a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Se trataría de evitar que estos derechos puedan dar cobertura a la obstrucción activa de la acción de la justicia, de lograr que garanticen a los acusados de un ilícito penal el derecho a no declarar, pero no el derecho a mentir, el derecho a no colaborar con la acción de la justicia, pero no a obstaculizarla. Se trataría, en definitiva, de definir las fronteras del abuso de estos derechos, y de impedir así el esperpéntico espectáculo en el que las fuerzas policiales bailan al son que la imaginación de los acusados les toca.

Profesora de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de El Correo

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