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Dos años de negociaciones para sellar la transferencia en el acuerdo de Cazorla

Otoño de 2005. El Guadalquivir se convirtió en la bandera de la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía cuando los socialistas andaluces incluyeron las competencias exclusivas sobre la cuenca en sus propuestas definitivas para la nueva Carta Magna de la comunidad.

el 15 sep 2009 / 12:08 h.

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Otoño de 2005. El Guadalquivir se convirtió en la bandera de la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía cuando los socialistas andaluces incluyeron las competencias exclusivas sobre la cuenca en sus propuestas definitivas para la nueva Carta Magna de la comunidad.

Tres años después, tras miles de horas de negociación y acuerdos y desacuerdos, el Guadalquivir es andaluz desde hoy con la materialización del acuerdo que sellaron la Junta y el Gobierno el 12 de noviembre del año pasado en el Parador de la Sierra de Cazorla.

Andalucía fue primera la comunidad que puso sobre la mesa el traspaso de un río que no transcurría de forma íntegra por una comunidad y esto hacía presagiar que el debate de la transferencia iba a ser duro de verdad.

En el verano de 2005, el PSOE andaluz se sentó por primera vez con el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, para analizar la situación. Los socialistas se encontraron con un ministerio cerrado en banda al traspaso, una posición que posteriormente no dejaría de ocultar la propia Narbona, quien, en una visita a Sevilla el 26 de febrero de 2007, llegó incluso a supeditar el traspaso del río a la futura reforma de la Ley de Aguas estatal.

Acuerdo sobre el texto . Tras meses de reuniones, llegó el acuerdo en la redacción del artículo 51, que otorga competencias "exclusivas" a la Junta sobre el río, excepto en las aguas que no transcurren por la comunidad y "sin perjuicio de la planificación general de la cuenca", que correrá a cargo del Estado.

A pesar de que Extremadura consideró que esta redacción "rompe la unidad de cuenca" y recurrió el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, el texto fue aprobado por las Cortes y el Parlamento de Andalucía y el artículo se hará realidad el próximo 1 de enero de 2009.

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