Agentes de la Guardia Civil de Los Palacios (Sevilla) han detenido a dos personas por un delito de allanamiento de morada y una falta de estafa, por revisar sin autorización la instalación de gas en el domicilio de un matrimonio de avanzada edad.
La Guardia Civil recibió una llamada telefónica de un hijo de la pareja que les informó de que dos personas habían entrado sin autorización en el domicilio de sus padres y, cuando él llegó a la vivienda, estas personas que supuestamente son revisores del gas, se fueron rápidamente del domicilio", según ha informado en una nota el instituto armado.
La Guardia Civil consiguió localizarlos y detenerlos ya que "al parecer, los ahora detenidos, llamaron a la puerta de la vivienda abriéndole un familiar de los dueños y, aprovechando que va a avisar a los moradores, estas personas se introducen en ella".
En el interior fueron localizados por los dueños, cuando sin autorización se encontraban arreglando la instalación de gas, pero los ancianos se sorprendieron aún más de la actitud de los supuestos revisores que le exigieron 75 euros por el cambio de una pieza.
Además, los individuos hicieron firmar a los ancianos un contrato "gratuito" de inspección del gas.
Los agentes emprendieron una investigación si se hubieran producido hechos similares en la población e identificaron un caso de una vecina que denunció que dos personas le hicieron una revisión del gas e intentaron cobrarle 41 euros, lo que no pudieron conseguir al cerrarle la puerta cuando fueron a cobrar.
Por estos hechos, fueron detenidos D.R.D., de 19 años, y J.L.R.S., de 22, ambos vecinos de El Puerto de Santa María (Cádiz), por un delito de allanamiento de morada y dos faltas por estafa.
La Guardia Civil además le ha imputado a otras dos personas de la misma empresa por otras dos faltas de estafas, los imputados cobraban a las víctimas entre 50 y 100 euros.
"Los detenidos pertenecen a una empresa autorizada a realizar las revisiones de gas, llevando uniformes parecidos al de una importante compañía de suministro de butano, y entraban en domicilios de personas mayores y tras hacerle en principio una revisión gratuita, le realizaban el cambio de alguna pieza, por lo que cobraban".
Además, "les hacían firmar un contrato "gratuito" de inspección por cinco años, con el que se aseguran el cobrar el arreglo de las piezas defectuosas que tienen que reemplazar".
