Dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía han recurrido la prohibición de la juez de los ERE de que los abogados usen ordenadores durante las declaraciones, pues se trata de una herramienta de trabajo imprescindible para garantizar la defensa en una causa compleja con más de 50.000 folios.
El abogado de Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, exdirectores de Finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), lamenta en su recurso que la juez Mercedes Alaya haya tomado una medida "tan desproporcionada" y sin embargo no se haya preocupado por averiguar de dónde procedían las filtraciones de las declaraciones que se estaban produciendo y de otras decisiones judiciales que los imputados conocen primero por la prensa.
En su recurso, el letrado dice que la prohibición de usar equipos informáticos "supone una limitación injustificada del derecho de defensa, un atentado a la dignidad de la función de la abogacía", y un "castigo" que impide a los abogados usar una herramienta de trabajo "esencial" dado el volumen y complejidad de la causa.
El recurso será resuelto por la Audiencia de Sevilla en caso de que Alaya vuelva a rechazar el uso de ordenadores en la sala de declaraciones, como decidió en el 2012 después de que la comparecencia de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, fuese transmitida en tiempo real por las redes sociales.
El recurso recuerda que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados y tribunales podrán utilizar medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, y que los tribunales están obligados a amparar el ejercicio del derecho de defensa.
"Es absolutamente obvio que asistir a unas declaraciones en un procedimiento con más de 50.000 folios sin disponer de un equipo informático que permita la consulta de los actuaciones supone limitar injustificadamente la capacidad del abogado para poder ejercer su trabajo", sostiene el letrado.
Además de afirmar que no existe ninguna norma legal que ampare la limitación dictada, el abogado Antonio Uceda lamenta que la juez no haya llevado a cabo ninguna investigación para aclarar el "origen y las circunstancias" de la filtración.
El hecho de que se haya cometido una irregularidad "no justifica en forma alguna una medida tan desproporcionada, que afecta al derecho de defensa de todos imputados" y que se extiende a quienes no tuvieron intervención en la supuesta irregularidad, lo que "supone una flagrante infracción de los principios de legalidad y culpabilidad".
Junto a ello, denuncia que "es notorio el nivel de filtraciones existentes en este procedimiento", hasta el punto de que muchos acusados se han enterado de su imputación antes por la prensa, como es el caso de sus representados.
El propio juzgado, el pasado 10 de octubre, remitió una comunicación a los letrados diciendo que había conocido por la prensa, pero no a través de la policía judicial, que se iba a poner a disposición del juzgado a diversos detenidos, añade Uceda. EFE
