Dos exaltos cargos reclaman a Alaya que eleve los ERE al Supremo

La defensa de Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera entiende quela jueza "ya no tiene competencia" para actuar en esta causa.

el 07 mar 2014 / 12:41 h.

LA JUEZ ALAYA CITA A MANUEL RUIZ DE LOPERA PARA NOTIFICARLE UNA NUEVA IMPUTACIÓNEl abogado de los exdirectores de Presupuestos de la Junta de  Andalucía Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera ha pedido a  la juez Mercedes Alaya que "se abstenga" de intervenir en el caso de  los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y eleve "de  forma inmediata" una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS),  pues entiende que "ya no tiene competencia" para actuar en esta  causa, según un escrito consultado por Europa Press. Así se pronuncia el letrado de los dos exaltos cargos, José María  Mohedano, en el recurso que ha elevado al Juzgado de Instrucción  número 6 de Sevilla contra el auto en el que la magistraba decidió  aplazar a abril la comparecencia de los peritos de la Intervención  General del Estado a fin de que ampliaran su pericial e investigaran  el conocimiento que pudiera haber tenido la Cámara de Cuentas de  Andalucía sobre las "irregularidades" que se estaban produciendo. En un duro recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el  abogado recuerda el auto en el que la Sección Séptima de la Audiencia  Provincial de Sevilla advertía a la juez de que "podría haberse  alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes  de elevarse la causa al juez competente en las causas por  aforamiento", reclamándole por ello que "eleve de forma inmediata la  exposición razonada" ante la Sala Segunda del Supremo "que ha  anticipado desde hace tantos meses y en tantos pronunciamientos". El abogado asevera que, desde que la juez dictó los autos en los  que preimputaba a siete aforados, entre ellos los expresidentes de la  Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "ha habido  tiempo suficiente para afrontar con calma el calendario de  declaraciones y los informes que han llegado y, en cualquier caso,  para haber reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la  Guardia Civil con toda urgencia los que faltaban por practicarse". "Efectivamente", ha habido "tiempo suficiente para poder culminar  con dignidad el trabajo que hace ya tres años inició el  autodenominado por la juez 'este equipo, ellos y yo, de unos pocos  incansables'", aseverando que "no es el momento de extenderse sobre  esta figura ajena a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sólo  habla para el caso que nos ocupa de jueces de instrucción pero no de  equipos de ningún género en la instrucción de una causa penal", dice  Mohedano. LOS RECURSOS, "EMBALSADOS DURANTE MESES EN EL JUZGADO" El abogado critica en el escrito que, en el caso ERE, "menudean no  infrecuentemente señalamientos de declaraciones de imputados y de  testigos que luego son suspendidos y retrasados, en algunos casos  hasta en varias ocasiones, siendo la mayoría de ellos injustificados  o inmotivados", mientras que en otras ocasiones "se retrasa la toma  de declaración de los imputados durante 12 y más meses y en otros se  comunica a las partes, o a alguna de ellas, el señalamiento de  declaraciones que en realidad ya se han celebrado o que se van a  celebrar al día siguiente". A ello se suma, según añade, que los recursos directos de  apelación "quedan en un porcentaje muy importante de casos embalsados  durante meses en el Juzgado y se eterniza su elevación a la Audiencia  Provincial", mientras que la Fiscalía Anticorrupción "también ha  reiterado al Juzgado en numerosos escritos sobre la tardanza y  dilaciones que se producen en la instrucción de estas diligencias,  señalando los riesgos que ello implica, de un lado, para la correcta  investigación de los hechos así como por el transcurso de los  términos de prescripción recogidos" en el Código Penal. "Debido a la tardanza y dilaciones en la instrucción de la causa  se estarían produciendo en estas fechas la prescripción de algunos de  los delitos, cuya determinación corresponde al propio Juzgado y no a  las partes intervinientes en el proceso", mientras que "otro punto  importante en el que se ponen de manifiesto las dilaciones indebidas  que se están produciendo se refiere a los autos llamados --desde  nuestro punto de vista indebidamente-- de preimputación de siete  aforados", indica Mohedano. RECHAZA UNA INVESTIGACION "GLOBAL O UNIVERSAL" Y es que a su juicio "es llamativo y hasta asombroso que a ninguna  de las siete personas aforadas interesadas se les ha notificados ni  se las ha citado para notificarles dichos autos", de manera que "la  dilación en la notificación a los interesados de estas importantes  resoluciones pende y transcurre desde que se dictó la primera el 10  de septiembre de 2013, lo cual podría perfectamente corroborar la  idea de quienes públicamente han escrito que, a la postre, la  finalidad objetiva de estas resoluciones era para que sólo surtiera  efectos ante los medios de comunicación". El abogado recuerda, en este punto, que "son múltiples las  ocasiones en las que hemos podido leer en distintas resoluciones  judiciales de esta causa, que determinadas demoras en la tramitación  de esta instrucción son debidas a la complejidad y volumen de la  causa", una cuestión "sobre la que ya en ocasiones se ha pronunciado  el Tribunal Supremo en el sentido de que en ningún momento debe  afectar a las partes personadas en el procedimiento", todo ello  "siempre y cuando no sean las partes las que provoquen esas  dilaciones indebidas, no siendo esta la circunstancia en estas  diligencias previas". Asimismo, dice que, si en este caso "lo que se plantea es sostener  un pretendido actuar ilegal por parte de los dos poderes propios de  la Comunidad Autónoma de Andalucía, de todas las empresas  dependientes de la Junta, y de otra multiplicidad de instituciones  públicas y privadas, lo que en realidad se está abriendo es una  investigación global o universal bajo la rechazable actuación  prospectiva --para ver si se encuentra algún delito-- y bajo  parámetros no de signo inquisitivo, sino de estructura  inquisitorial". "Se trata de encontrar algún delito de los que ahora  no existe ni el más mínimo indicio", agrega. Por ello, afirma, "no parece irrazonable convenir que si después  de casi tres años de investigación policial y judicial, el único  fundamento que se produce para abrir una inquisitio generalis  --coloquialmente llamadas causas generales-- contra las distintas  entidades de la Administración Pública andaluza" se basa en la  existencia de "posibles irregularidades presupuestarias, sin que de  tan dilatado e incansable periodo de investigación se haya podido  detectar detrás de cada discutible anomalía administrativa ningún  proceder delictivo, ya no tiene ningún sentido seguir alimentando un  macroproceso". Todo ello "por mucho que los criminalizadores de todas las esferas  de la vida pública y privada se empeñen en buscar rasgos penales en  cualquier técnica presupuestaria o conducta política o  administrativa, discutible, naturalmente solo cuando incurran en ella  quienes están alineados en posiciones políticas adversas", concluye  su escrito.

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