A pesar de la sentencia, un mes después de que el juez dictara medidas cautelares, dos de los tres niños que fueron escolarizados en un centro a más de tres kilómetros de su domicilio, siguen sin un colegio al que poder asistir.
Hasta la fecha, tan sólo Tania, la hija de María Jesús Caballero puede acudir con normalidad a clases. Ella ya ha recibido la correspondiente carta de la delegación provincial de Educación, donde le informaron que debía matricular a su pequeña en el colegio Al-Andalus, a donde acude ya por tercera semana.
Sin embargo, Celia y Pablo -hijos de Inma Martín y Verónica García, respectivamente-, continúan en sus casas ante la falta de dicha comunicación. Sus madres reclaman una solución inmediata, ya que el curso dio comienzo hace un mes.
Verónica, una de las afectadas, se queja de que "estamos continuamente llamando por teléfono a la delegación y nadie atiende el teléfono nunca". Asimismo, afirma que "tenían un plazo de unos 15 días para adoptar las medidas dictadas por el juez y reubicar a los niños, y ha pasado un mes sin saber nada del tema". Por ello, "he interpuesto una denuncia por tardanza en el cumplimiento".
ENVIADAS. Sobre este caso, la delegación de Educación afirma que las cartas con las notificaciones "fueron enviadas a los centros educativos la pasada semana", para que las familias afectadas puedan escolarizar a sus hijos en -Andalus y María Montessori. Sin embargo, Verónica afirma que "en los colegios no tienen constancia, y he preguntado a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y tampoco saben nada". Lo que esta madre no entiende es "cómo puede tardar tantísimo tiempo en llegar una carta certificada y que nadie sepa dónde está". Ante esta "desesperación", las familias afectadas piden "una solución ya".
El caso de estas familias se remonta al mes de mayo, en la adjudicación de las plazas escolares, cuando los menores fueron designados al colegio Coca de la Piñera, "situado a tres kilómetros de nuestros domicilios". En primera instancia, solicitaron el Álvarez Quintero pero, al no contar plaza en este centro, los otros dos seleccionados fueron el María Montessori y el Al-Andalus, en los que esperaban que, en la reubicación, sí fueran escolarizados. Sin embargo, "todos los niños los metieron en el mismo saco, sin hacer distinción sobre la cercanía del colegio", algo "aberrante, arbitrario e injusto", ya que las plazas de esos niños fueron sorteadas entre todos los colegios públicos de Utrera, resultando finalmente designado el colegio Coca de la Piñera, "a pesar de que los tres colegios elegidos por nosotros estaban mucho más próximos nuestro domicilio".
Ante esta situación, plantearon un recurso de alzado contra la delegación, sobre el cual dictó medidas cautelares el juez, ordenando el ingreso de los menores en los centros elegidos.
