Dos tercios de los 1.400 inmigrantes que llegaron a Tarifa serán expulsados del país

"No se les puso a disposición de un juez ni contaron con asistencia letrada en un plazo máximo de 72 horas", argumentan las asociaciones humanitarias.

el 26 ago 2014 / 23:07 h.

tarifa-polideportivo-inmigrLa Policía y los juzgados de Cádiz tramitaron 916 expedientes de expulsión tras la llegada de 1.409 inmigrantes a la costa gaditana entre el 4 y el 12 de agosto. A la espera de que se haga efectiva la repatriación de los expedientados, 543 personas permanecen en diferentes centros de internamiento de extranjeros (CIE) y 546 han sido derivadas a distintas ONG. Así lo informó ayer el diputado del PP, Leopoldo Barreda, en la Diputación Permanente del Congreso, en la que IU y PSOE solicitaron la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que informen sobre la situación creada y las medidas adoptadas tras la llegada masiva de inmigrantes desde principios de agosto. Tanto el PSOE como IU y UPyD sostuvieron que el Gobierno tiene que dar explicaciones ante la «vulneración de derechos fundamentales» de los inmigrantes en las fronteras y pidieron una solución humanitaria, no solo policial, ante la llegada masiva de subsaharianos. El diputado del PP aseguró que la ley se cumple y explicó que entre el 4 y el 12 de agosto llegaron a las costas gaditanas procedentes de Tánger un total de 1.409 inmigrantes en 113 embarcaciones. Como consecuencia, hasta el pasado lunes se habían tramitado 916 expedientes de expulsión, según Barreda, que precisó que 543 inmigrantes permanecen en diferentes CIE de la península y 546 han sido derivados a ONG. Por tanto, quedarían en Tarifa unas 320 personas, de las que siete han quedado en libertad, previa tramitación del expediente de expulsión, tras comprobar que «tienen recursos y familia en España», afirmó Barreda. Durante su comparecencia, el portavoz popular defendió, en contestación a las críticas vertidas por los otros grupos, la legalidad de las actuaciones que se llevan a cabo en las fronteras. «No somos el partido de la demagogia de los papeles para todos», dijo el diputado, que precisó que las denominadas devoluciones en caliente se llevan a cabo desde 2005, ya que lo contrario sería «insostenible». Por su parte, la Federación Andalucía Acoge y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denunciaron ante diversas instancias e instituciones la detención ilegal de los inmigrantes llegados a Tarifa en pateras los días 11 y 12 de agosto. «A los inmigrantes no se le permitía la libertad de movimiento, que es un derecho constitucional. Por tanto, un gran número de personas han estado detenidas ilegalmente, ya que no se les puso a disposición de un juez en el plazo máximo de 72 horas ni contaron con asistencia letrada», afirmó el coordinador general de Apdha, Valentín Aguilar. Ésta es la denuncia que las organizaciones pusieron en conocimiento tanto del Defensor del Pueblo, al que presentaron una queja el pasado miércoles, como del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, donde solicitaron que se iniciase un procedimiento de habeas corpus por detención ilegal que, finalmente, fue desestimado. «El Juzgado sorprendentemente ha resuelto declarando que existía detención, pero que no es incorrecta por no existir privación de libertad», criticó Aguilar.

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