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Dudas jurídicas sobre la cadena perpetua

Segarra y Jiménez-Ballester recuerdan que la Constitución española establece que la pena de cárcel tiene como objetivo la reinserción del reo.

el 26 ene 2012 / 22:31 h.

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María José Segarra.

Las reformas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre las que se encuentra el endurecimiento de la Ley del Menor y la cadena perpetua revisable a raíz de la sentencia del caso Marta del Castillo -considerada muy débil por un amplio sector de la sociedad- abre ahora un enorme debate en el mundo jurídico.

Al respecto, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, consideró, "con todas las cautelas porque se trata de un anuncio del que aún no hay ni proyecto", que la instauración de la prisión permanente revisable sería "contraria a la Constitución, porque en la misma se recoge que la prisión debe estar orientada a la reinserción", por lo que si el fin es que "una persona no salga nunca, es completamente contrario". No obstante, dijo que habrá que esperar para saber cómo se plantea la cadena perpetua porque, según dijo Gallardón, sería revisable, término que podría permitir su encaje legal, "pero es prematuro para pronunciarse al respecto". Sobre el enjuiciamiento conjunto, recordó que era un problema que la Fiscalía de Sevilla llevaba varios años denunciando.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballesteros, se alineó con Segarra y en declaraciones a Radio Sevilla coincidió en que la Constitución establece que las penas de cárcel buscan la reinserción, por lo que abogó por una "mayor reflexión" al respecto.

Mientras, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, aplaudió las propuestas del ministro de Justicia y las definió como "un importante paquete de medidas, la mayoría de sentido común". Según dijo, la reforma de la Ley del Menor pretende "corregir distorsiones evidenciadas clamorosamente en el caso de Marta de Castillo". A este respecto, precisó que un mismo hecho delictivo no debe ser juzgado por dos tribunales diferentes (como ha ocurrido en el caso de la joven sevillana) aunque uno de los implicados sea menor de edad. "A los adultos se les aplicarían las penas correspondientes y a los menores las medidas de seguridad previstas, pero deben ser juzgados por el mismo tribunal", reiteró.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, juez en excedencia y exdecano de los jueces de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se mostró "partidario" de llevar a cabo reformas en "algunas" normativas, como la Ley del Menor, con el objetivo de adaptarlas "lo más posible a los problemas reales". Zoido valoró las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y se mostró "partidario" de reformar algunas leyes, como la del Menor, "como iba en el programa electoral". "El PP cumple lo que promete y era una medida que había que tomar con el objetivo de adaptar las leyes lo máximo posible a los problemas reales de los ciudadanos y darle respuesta a la propia sociedad", concluyó el alcalde.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, no se mostró tan partidario de ejecutar este paquete de reformas sin un "análisis sosegado". Según explicó, las propuestas del ministro de Justicia "atañen a asuntos que son muy cercanos a lo que todos podríamos entender como reformas de carácter constitucional". Por ello, continuó Espadas, "lejos del consenso exigible en asuntos de este calado, el Gobierno del PP plantea un retorno al pasado desde una óptica unilateral y muy conservadora", por lo que calificó que "el primer problema, y muy grave, es de enfoque". Por lo tanto, prosiguió el portavoz socialista "asuntos como la cadena perpetua son, sin duda, temas de estado que requieren de un análisis sosegado y necesariamente consensuado con fuerzas políticas y colectivos", y rechazó que este consenso "ni siquiera se esté buscando".

Respecto al recurso de la Fiscalía contra la sentencia del caso Marta del Castillo, Espadas recordó: "Nuestro actual estado de derecho garantiza el derecho al recurso y me parece bien que lo ejerzan tanto la Fiscalía como la acusación particular. También, la sentencia deja demasiados interrogantes no resueltos sobre los que estos recursos deben arrojar luz", finalizó.

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