El presidente de Unió Democrática de Cataluña (UDC) y portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que no piensa presentar su dimisión tras demostrarse que su partido se financió ilegalmente en los años 90. Por otro lado, el Gobierno catalán está dispuesto a comparecer en el Parlamento si así lo demandan los partidos.
Duran ha asegurado, en declaraciones al diario chileno la Tercera que ha recogido Europa Press, que "por supuesto no pienso dimitir, en su día el partido asumió responsabilidades políticas, expulsamos a quienes hoy están condenados o se dieron de baja voluntariamente y por otra parte abrimos una comisión investigadora, cosa que nadie ha hecho, con personas ajenas al partido".
El dirigente de CiU ha explicado que lo que él dijo en el 2000 es que "si hubiese habido una situación irregular" asumiría responsabilidades pero ha negado que eso haya ocurrido. "No hay financiación irregular y las responsabilidades políticas ya fueron asumidas", ha añadido.
Asimismo, ha criticado que los partidos de la oposición estén pidiendo su dimisión "antes de conocer la sentencia" y ha afirmado que a Unió "no se la ha acusado en absoluto de financiación irregular".
"El fiscal dice claramente que en los hechos que sucedieron no teníamos noticia de ello, ni a los acuerdos que pudieran haber llegado los imputados, Unió Democrática no está imputada, ni condenada. Si usted tiene un piso y alguien está trabajando en su casa y deja el grifo abierto, usted no hace eso voluntariamente, ni tiene responsabilidad penal, claro tendrá que pagar, pero es una responsabilidad civil subsidiaria", ha subrayado.
Duran Lleida, que es presidente de la Comisión de Asuntos de Exteriores del Congreso, ha viajado a Chile para asistir a un encuentro sobre la respuesta del humanismo cristiano y la economía social de mercado en la Universidad Miguel de Cervantes, en el que participarán personalidades de América Latina.
LA OPOSICIÓN CATALANA PIDE RESPONSABILIDADES A UDC
Tras conocerse el desenlace del 'caso Pallerols', por el que el UDC ha pactado con la fiscalía, la oposición catalana pidió el pasado miércoles la dimisión del líder del partido democristiano, Josep Antoni Duran i Lleida.
De forma previa a las declaraciones de Duran, el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, ha lamentado "el pasteleo" para suspender del juicio por el 'caso Pallerols', en el que estaba citado como testigo ya que entre marzo de 1991 y octubre de 1995, cuando militaba en UDC, había ocupado el cargo de delegado de la Consejería de Trabajo de la Generalitat en Girona.
En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, el dirigente popular ha asegurado que "tenía mucho interés en asistir" al juicio, y ha lamentado no poder hacerlo tras el acuerdo. "Fui víctima injustificada de este caso", ha sostenido Millo, que en un primer momento fue imputado en el caso, aunque más adelante fue exculpado y exonerado de cualquier responsabilidad tras declarar voluntariamente ante el juez.
El portavoz del PP catalán ha deplorado que el juicio se haya suspendido tras un acuerdo entre las partes, y ha esgrimido que los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo que sucedió: "En casos de corrupción no deberían producirse estos pasteleos".
Millo ha reclamado también que Duran asuma responsabilidades y dimita "para dar ejemplo" de la regeneración política que, según ha dicho, defiende a menudo el dirigente democristiano. El dirigente popular seguró que no le sorprende que Duran todavía no se hubiera pronunciado sobre el juicio, y ha sostenido que "hace años que, cuando los temas están candentes, él está de viaje".
Por su parte, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha señalado que la explicación que UDC ha dado tras el 'caso Pallerols' "no ha sido la adecuada" porque no ha ofrecido ninguna respuesta política. "Es una respuesta más bien para pasar página, pero el tema tiene una dimensión más grande", ha señalado Navarro, en rueda de prensa en Barcelona tras reunirse con representantes de la Taula del Tercer Sector.
Navarro ha apreciado que son insuficientes las explicaciones que este miércoles dio UDC en la rueda de prensa que hizo su portavoz, Marta Llorens. "No es una respuesta que sea la adecuada ante un caso tan escandaloso como este", ha apreciado Navarro sobre la comparecencia que Llorens hizo tras el acuerdo entre las partes.
UDC debería haber reaccionado de forma "más clara, más sincera, más transparente y también dar una respuesta política asumiendo responsabilidades", ha agregado. Ha señalado que en el 'caso Pallerols', a diferencia de otros casos, hay "culpabilidad", como establece el acuerdo entre las partes, por lo que el líder de UDC debería ser coherente con las declaraciones que hizo años atrás y dejar su cargo en el partido.
"No hay una condena, porque nos han sustraído esta posibilidad" ante el acuerdo judicial que alcanzaron este martes las partes, indicando que en este pacto se deja claro que se han cometido actos irregulares e ilegales para financiar UDC.
Por otro lado, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el presidente del Tribunal del Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, explique en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con este órgano fiscalizador los estados de cuentas que le ha remitido Unió Democrática de Catalunya (UDC), conforme a la Ley de financiación de los partidos políticos.
El grupo parlamentario que capitanea Rosa Díez ha registrado la solicitud para citar a Álvarez de Miranda este jueves, tras conocerse que Unió ha admitido haberse financiado ilegalmente y el pacto al que ha llegado con la Fiscalía para abonar los 388.000 euros desviados de subvenciones públicas de la Unión Europea y evitar así el juicio del 'caso Pallerols'.
EL GOBIERNO DE MAS, DISPUESTO A COMPARECER EN EL PARLAMENTO
El Gobierno catalán está dispuesto a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre el papel que ha ejercido la Generalitat en el proceso judicial del 'caso Pallerols' si así lo demandan los partidos.
Así lo han explicado fuentes del Ejecutivo de Artur Mas a Europa Press después de que PSC e ICV-EUiA hayan exigido la comparecencia del consejero de Presidencia, Francesc Homs, y el de Justicia, Germà Gordó, en la Cámara catalana para explicar por qué la Generalitat ha aceptado el acuerdo de conformidad en este caso.
Según las citadas fuentes, es un "principio general" el que los consejeros están a disposición para dar explicaciones si es necesario.
Todo ello ocurre después de que los socialistas e ICV-EUiA consideren insuficiente que UDC y los cuatro acusados hayan zanjado esta cuestión pagando 388.483 euros.
Ambos partidos también han apuntado que el acuerdo alcanzado entre las parte no defiende los intereses de los catalanes.
