Algunos directivos de las entidades finacieras españolas que han tenido que ser rescatadas por el Banco de España han cobrado después de su mala gestión unos emolumentos considerables ante la incredulidad de la opinión pública. De ahí que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tenga previsto pedir a través de una misiva al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite información sobre las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando.
"Un elemento importante en la reestructuración financiera es la necesidad de conocer si las retribuciones fijas y variables son adecuadas y si se justifican en estos momentos", explicó la número dos del Gobierno de Rajoy, que encuadró la decisión en el contexto de la UE.
La vicepresidenta del Gobierno adelantó que dependiendo del informe que presente el gobernador de la institución, el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.
"El Ejecutivo quiere conocer cuál es la posición del Banco de España en este aspecto y qué medidas plantearía para que las retribuciones sean adecuadas y justificadas", enfatizó.
Sáenz de Santamaría confirmó además que el Ejecutivo exigirá a las entidades financieras realizar provisiones por unos 50.000 millones para ajustar el valor de sus carteras inmobiliarias, y aseguró que esta cifra proviene de datos facilitados por el Banco de España. En este sentido, avanzó que el titular de Economía detallará las cantidades para cada banco en próximos consejos de ministros, con el objetivo "clave" de que la reordenación bancaria se materialice en los seis primeros meses del año.
Ante la posibilidad de seguir a otros países de la UE y crear un banco malo para activos tóxicos, dijo que esta opción "no estaba ni está" sobre la mesa del Gobierno. Eso sí, garantizó su "voluntad" de afrontar de "forma directa" una reforma para llevar el crédito hacia la economía real.
