Las políticas económicas neoliberales aplicadas durante cerca de una década por la Administración de la primera potencia del mundo ha estado fundamentada, entre otras prácticas, por una desregulación de los mercados financieros. Consecuencia de ello es en gran medida la actual situación de crisis que atravesamos.
A la vista de las consecuencias, parece consensuado entre las Administraciones de los países occidentales, unas por obligación y otras por convicción, la necesidad de ir a una unificación de los controles financieros y de limitar la especulación del riesgo en beneficio último de, tan sólo, unos pocos. La Constitución española determina en el art. 128 y en nuestro Estatuto, en el art. 156, que toda la riqueza del país (de nuestra comunidad) en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Además, el artículo 162.2 del Estatuto determina que la Junta de Andalucía promoverá una eficaz ordenación del sistema financiero andaluz garantizando su viabilidad y estabilidad, así como, su supeditación al bienestar general y al desarrollo económico y empresarial.
Desde la Economía Social defendemos políticas económicas que tengan en cuenta el interés común de nuestra sociedad. Cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas empresariales adscritas al sector han demostrado ser capaces de constituirse, en sí mismas, como focos catalizadores e irradiadores de cohesión económica y social por sus peculiaridades de primacía del capital humano sobre el social, enraizamiento en lo local, calidad en el empleo generado, participación democrática en la gestión empresarial,...
Estas características, junto a la defensa de la sostenibilidad y de los derechos sociales, las convierten en herramientas únicas capaces de amortiguar los efectos negativos del mercado al situarse como modelo económico y social contrapuesto al mencionado al principio de estos renglones. Aun así, nuestro sector no está siendo ajeno a la actual coyuntura, pues entre otras circunstancias, los efectos perniciosos que está acarreando el estrangulamiento financiero impide en muchas ocasiones el normal desarrollo de nuestras empresas. En ese sentido, esperamos que las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo andaluz, encaminadas a dotar de la liquidez necesaria al tejido productivo, sirvan para garantizar la competitividad y viabilidad a largo plazo de las empresas.
Entendemos que estas medidas y otras que se convinieran deben de enmarcarse en un proceso de diálogo social, comprendiendo esta participación social de forma amplia y no excluyente. No se puede dejar al margen de este proceso a un sector económico y social con el cual están relacionados, de una forma o de otra, uno de cuatro andaluces.
Los Presupuestos están a punto de ser presentados ante el Parlamento andaluz. Si éstos priman la innovación, el aumento de la productividad, la responsabilidad social, la sostenibilidad, el ahorro energético, la formación,? auspiciando y respaldando la participación social, pueden convertirse en una herramienta básica para la Administración de cara a impulsar políticas económicas y sociales que faciliten el transito desde este periodo crítico a uno de bonanza.
Estos elementos y otros tan adecuados como los anteriores se encuentran recogidos en el II Pacto Andaluz por la Economía Social, nacido como fruto de la concertación social entre la Administración andaluza, los sindicatos mayoritarios y la representación de la Economía Social.
El pertinente desarrollo y acomodo del contenido de este acuerdo dentro de los Presupuestos andaluces se convierte en imprescindible, si queremos que éstos cumplan con el cometido propuesto por sus firmantes, el desarrollo del bienestar económico y social de nuestra comunidad, ayudando con ello a formar parte en la solución de la crisis.
