El juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano está siendo juzgado desde ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, por un supuesto delito de prevaricación cometido al cambiar el régimen de custodia de un niño de 11 años para que éste pudiera procesionar como paje en su cofradía de El Silencio, en la Madrugá sevillana. Admitiendo que como juez puede equivocarse en sus decisiones y que, por supuesto, tiene que recibir el mismo trato que cualquier otro ciudadano, es importante subrayar que como punto de partida es un despropósito que se haya suspendido temporalmente de sus funciones al juez Serrano y que esté siendo objeto nada menos que de un juicio por la presunta comisión de un delito. Se mire del modo en el que se mire, no hay proporción entre el supuesto delito, que es como mínimo discutible, y el hecho de que la Fiscalía pida para él nada menos que diez años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo, es decir, que reclame una condena que supondría casi con toda seguridad el fin de su carrera judicial. Es de puro sentido común pensar que la decisión de retrasar en un día la entrega del niño a su madre se adoptó para cumplir con el deseo del pequeño, y que de ninguna manera supuso una violación flagrante de los derechos fundamentales de la madre. Si se quiere, se puede aceptar que su decisión no fue la más acertada y que podría haber sido inflexible y no atender a los deseos del niño y del padre, pero desde luego fue la más justa. O al menos la más lógica para los intereses del pequeño. ¿Merece por ello el juez Serrano el escarnio público de verse juzgado por prevaricación, con lo que eso significa para la trayectoria de un juez? Tal vez haya razones jurídicas para aceptar esta petición de la Fiscalía, pero no hay quien le explique al ciudadano que se le puede inhabilitar durante una década a un juez sólo por el hecho de que retrasó unas horas una entrega de un niño.
