El consejero de Educación, Luciano Alonso, defendió ayer en el Parlamento que la Junta «no tiene nada que reconsiderar» respecto a su opinión sobre la educación diferenciada que «es un derecho de los padres pero no pueden pretender que lo paguemos todos», y aunque señaló que su posición «se apoya en un marco jurídico que apuraremos al máximo», también admitió que la Junta «adoptará las medidas necesarias para la ejecución del auto dictado por el TSJA». que ordena al Gobierno andaluz suspender cautelarmente la retirada del concierto a estos colegios y devolverles las ayudas públicas. Educación garantiza que para el curso 2014-15, los colegios afectados serán concertados. 
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.
Alonso respondió así a una pregunta del PP, en un Pleno al que asistieron representantes de la plataforma Mis padres deciden y del sindicato USO que representa a los trabajadores de los 12 colegios afectados (7 en Sevilla), en la que cuestionaba si la Junta se replanteará su posición que rechaza la subvención con fondos públicos de los colegios que no admiten a alumnos de ambos sexos. Alonso reiteró que la Junta se reafirma en su opinión de que «cualquier forma de segregar fomenta la desigualdad». Defendió la «filosofía de la coeducación» en una escuela que «tiene una importante labor pedagógica y de educación en valores que es necesaria hoy más que nunca cuando pervive la ideología rancia de algunos que defienden la superioridad intelectual» de un sexo sobre el otro, en alusión a la polémica suscitada por las palabras del candidato popular a las europeas, Miguel Arias Cañete, tras el debate electoral con su rival socialista Elena Valenciano.
La Junta retiró los conciertos a estos colegios el curso pasado con el aval del Supremo tras un largo litigio judicial que propició que la reforma educativa impulsada por el Gobierno central del PP blindara en la nueva ley la financiación con fondos públicos de este modelo. En base a este cambio legal, los colegios afectados volvieron a solicitar el concierto para el próximo curso y tras serle denegado, recurrieron a los tribunales y reclamaron que se anulara cautelarmente esa decisión de la Junta mientras se resuelve la cuestión de fondo y el recurso de inconstitucionalidad de la Junta contra la ley estatal (Lomce). El TSJA abrió diligencias separadas para decidir sobre las medidas cautelares pedidas y ya ha resuelto cinco de los recursos presentados, correspondientes a los centros sevillanos Albaydar, Ribamar, Altair, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes. Los tres últimos son colegios de Infantil y Primaria, donde el proceso de escolarización ya está en marcha (el resto son de FP, etapa para la que la matriculación empieza en junio). Aún están pendientes los recursos de Elcható de Brenes y El Molino Azul de Lora del Río, también de FP. En el presente curso, estos centros no han contado con fondos públicos para los alumnos de nuevo ingreso y cada uno ha optado por no aceptarlos, fijar un «precio social» de matrícula como Altair o asumir el coste de éstas, como las Hermanas de la Cruz que gestionan el Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes. Para el próximo curso, han recogido solicitudes con normalidad condicionadas a lo que ocurriera en los tribunales.
La Junta ha recurrido los autos del TSJA pero ello no suspende su ejecución, por lo que el consejero reconoció que adoptará «las medidas necesarias» para su cumplimiento mientras continúa la batalla judicial que, defendió, se apoya en la Constitución, el Estatuto de Andalucía, las leyes nacionales y autonómicas de Igualdad de género y la Convención de la Unesco. El diputado popular, Miguel Ángel Arauz, argumentó cinco «poderosas razones» para que la Junta se replantee su postura «ideológica»:que es un modelo pedagógico más que funciona, el derecho de los padres a elegir, el «papel social» de los 12 centros afectados, los empleos en riesgo y el «despilfarro» que supone este litigio pues el TSJA ha condenado a la Junta a asumir las costas.
