La Consejería de Educación estudia la vía legal para poder retirar los fondos públicos a los 12 colegios católicos que separan a sus alumnos por sexo. El fallo del TSJA que le obliga a mantener el concierto a ocho colegios con educación diferenciada es recurrible ante el Supremo, aunque en la Junta hay cierto "recelo" por que el Alto Tribunal se posiciones sobre "la forma", igual que ha hecho el juzgado andaluz, y no aborde "el fondo del asunto". El consejero Francisco Álvarez de la Chica explicó ayer en Jaén que "los servicios jurídicos están estudiando a fondo el fallo para ver si cabe recurso, no obstante, mientras la ley no nos dé el amparo suficiente, trabajaremos para que haya marcos normativos que no permitan que con el dinero de todos se pueda separar a los niños y a las niñas".
La Junta se agarra a que el fallo del TSJA no aclara si está obligada a invertir dinero público en un colegio que aplica un modelo escolar contrario a la legislación educativa estatal y andaluza. Los magistrados no llegan a enjuiciar ese extremo, porque antes se topan con que la consejería, amparada en la ley de educación (LOE), contravino una legislación básica: cambió los criterios para conceder los conciertos, obligando a los colegios que separaban por sexo a abrir aulas mixtas. La LOE introdujo en 2006 el criterio de "sexo" como causa punible de discriminación ("En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión"). Basándose en el artículo, y aprovechando que en 2009 se puso el contador a cero para revisar los conciertos de todos los colegios, la consejería condicionó las subvenciones a la implantación de la escuela mixta. Renovó sólo por un año el concierto a los colegios con educación diferenciada (en vez de los cuatro que estipula la ley) y les dio ese año para adaptarse.
El TSJA cree que ahí tropezó de forma irremisible: la legislación básica que regula los conciertos aclara que o se conceden por cuatro años o no se conceden. El fallo "sólo dice que no se puede fragmentar en un año lo que es una decisión para cuatro", reiteró ayer el presidente José Antonio Griñán. Si un colegio no cambia las condiciones que ofrecía cuando logró el concierto, puede renovarlo otros cuatro años.
La patronal que representa a los afectados (CECE) recurrió amparándose en que la Junta no puede legislar contra una norma básica. El TSJA enfocó el asunto como un pulso entre una norma de rango menor andaluza contra la ley básica, y se inclinó a favor de la segunda. El Supremo podrá dirimir si pesa más la ley de educación, que prohibe las aulas segregadas por sexo, o la ley de conciertos. La mayor dificultad reside en que la Junta cambió las reglas del juego y luego obligó a 12 colegios a adaptarse para seguir jugando, y los tribunales ya han puesto en duda el valor retroactivo de esas normas. Cuando se aprobaron, en 2009, la consejera de Educación, Mar Moreno, ya auguró que el litigio acabaría en el Supremo. Aunque el recurso no prosperase, el valor político que tiene para la Junta la defensa de la escuela mixta seguramente le empuje al juzgado. "Los valores constitucionales de igualdad no deben estar ajenos al sistema educativo, y menos al que se sostiene con impuestos de todos", concluyó ayer De la Chica.
